La ONG Defiende Venezuela organizó un foro -llamado «Derecho a la educación en Venezuela»- en el que revelaron que 50% de los estudiantes de educación básica abandonaron sus estudios por la necesidad que tienen de obtener ingresos familiares en medio de la pandemia.
En esta oportunidad contaron con la presencia de tres expertos -Luisa Pernalete, Carlos Luisverti, Antonio Canova- quienes explicaron que el derecho a la educación ha sido asediado y permanece en una constante crisis debido a las políticas públicas por parte del Estado en esta materia.
Al respecto, Luisa Pernalete -integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría- expresó que la sociedad está preocupada «por un derecho humano tan importante y tan básico para garantizar el presente y el futuro, no solamente de los muchachos, sino también del país. Para poder garantizar este derecho a la educación buscamos docentes, porque sin docentes no hay escuelas, ni educación a distancia, ni presencial, entonces, para poder contar con un sistema educativo, consideramos primordial acompañar a los docentes. Acompañamos al alumno y al docente para que no se sientan tan huérfanos en una situación vulnerable, que nos agarró a todos por sorpresa y para esto buscamos dentro de las posibilidades darles beneficios».
En cuanto a la situación de las universidades en el país tras la aparición de la pandemia que lleva casi dos años, Carlos Luisverti, profesor de pre y postgrado e Investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB aseguró que «la educación universitaria ha estado asediada o ha sido víctima de los diversos ataques anteriores a la situación de la pandemia que se pueden mirar en un documento que presentó la coalición de cátedras y centros universitarios de derechos humanos y el pensamiento bajo amenaza del año 2017. Allí se recoge una serie de violaciones contra la libertad de pensamiento, libertad expresión y la libertad del derecho a la educación desde la perspectiva del sector universitario, no solamente en el ámbito público sino también en el ámbito privado».
También el fundador y director general de Un estado de Derecho, Antonio Canova insistió en que «existe la necesidad de excluir al Estado en cuanto a la intervención al derecho a la educación, como sociedad civil debemos promover la disminución de la influencia en los programas académicos para evitar la formación de pensamiento único en las juventudes. La pandemia del COVID-19 agudizó toda esta crisis y la educación no ha logrado adecuarse a los diferentes cambios y alteraciones, es evidente que muchos sistemas escolares no se adaptan a las condiciones de esta nueva situación».
Prensa
