Los defensores de derechos humanos (DDHH) venezolanos se enfrentan a un panorama de amenazas, hostigamiento y riesgos que han convertido el exilio en una medida de último recurso y supervivencia, más que en una elección. Esta migración forzada es la consecuencia directa de una estrategia estatal de represión y expulsión indirecta diseñada para desarticular la disidencia interna.
Para periodistas, abogados, activistas sindicales y miembros de la sociedad civil, la persecución sistemática ha configurado un “ecosistema de represión” que les deja solo tres opciones: silenciarse, sufrir graves violaciones a los DDHH, o verse obligados a salir del país.
La decisión de abandonar Venezuela está precedida por un patrón de incidentes de seguridad que combina mecanismos de control “blando” y “duro”. Los testimonios de defensores en el exilio confirman una sofisticación progresiva en la persecución.
Entre 2020 y octubre de 2025, al menos 69 personas defensoras de derechos humanos se han visto forzadas a migrar desde Venezuela como resultado del entorno de persecución sostenida. Este fenómeno se ha intensificado notablemente en los periodos electorales, con 43 casos de migración forzada de defensores (35 en 2024 y 8 en 2025) documentados en los últimos dos años, afectando de manera transversal a periodistas, mujeres defensoras, activistas LGBTIQ+ y actores humanitarios, confirmando el aumento sostenido y selectivo de la expulsión indirecta por motivos políticos.
Esto confirma que la política de expulsión indirecta se ha consolidado como un instrumento de control político que fractura el tejido social venezolano y externaliza las consecuencias de la crisis humanitaria y de derechos humanos.
Reconstruir la vida y la lucha en el exilio
Al salir de Venezuela, los defensores de DDHH, la mayoría personas altamente cualificadas y fundadoras de organizaciones con amplias trayectorias, se enfrentan a un nuevo conjunto de retos, el principal la regularización en el país de acogida.
Aunque eligen destinos por cercanía o por lazos de nacionalidad, la mayoría debe enfrentar serias dificultades para obtener estatus migratorio que reconozca su condición de perseguidos, a pesar de que la CIDH exige “especial protección” para este grupo.
Esto ha hecho que muchos defensores, especialmente los que se dirigieron a Colombia, se hayan visto obligados a trasladarse a un tercer país debido a las serias dificultades regulatorias para obtener un estatus legal que reconozca su persecución.
Además, pese a su alta formación académica y ser referentes en sus temas de experticia, deben enfrentar la homologación de títulos y el escepticismo laboral en nuevos países. Esto contrasta con su perfil de «migración experta» que ahora debe luchar por acceder a oportunidades básicas.
También continuar con su labor a distancia es un desafío. Si bien muchos mantienen sus actividades “con la mirada en Venezuela” desde fuera, reconstruir proyectos de vida, acceder a empleo, salud y vivienda efectiva se vuelve una tarea titánica, como lo reveló un informe de Freedom House en 2022 sobre defensores venezolanos en Colombia.
Como consecuencia, los defensores perden la capacidad de incidencia interna en Venezuela y el régimen logra “vaciar el espacio interno de liderazgos”, forzando a quienes se quedan a la autocensura y la inhibición de la acción social.
