La Administración del presidente Joe Biden impuso este miércoles nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, por su responsabilidad en la sistemática violación de derechos humanos y el fraude perpetrado en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre los 21 funcionarios sancionados se encuentran funcionarios del gabinete de Maduro, ellos son:
Aníbal Eduardo Coronado Millán: Se ha desempeñado como ministro de la Oficina del Presidente de Maduro desde abril de 2024 y como Monitor de Desempeño del Gobierno de la Oficina del Presidente de Maduro. También es el “jefe de gobierno” en el Territorio Insular de Francisco de Miranda. Anteriormente sirvió en la Guardia de Honor Presidencial. La Oficina del Presidente de Maduro ha llevado a cabo la directiva de Maduro de cometer fraude electoral, reprimir a los venezolanos y continuar con actos antidemocráticos.
William Alfredo Castillo Bollé: Se ha desempeñado como viceministro de Políticas Antibloqueo de Maduro en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022.
Ricardo José Menéndez Prieto: Ha sido vicepresidente de Planificación de Maduro en la Vicepresidencia desde 2014. Anteriormente se desempeñó como Ministro de Educación Superior, Ministro de Industria y Ministro de Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia.
Freddy Alfred Nazaret Náñez Contreras: Es ministro del Poder Popular para la Comunicación de Maduro y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Se ha desempeñado como vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro de Comunicación e Información. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Televisión Nacional de Venezuela.
Julio José García Zerpa: Ha sido ministro de Servicios Penitenciarios de Maduro desde 2024. Anteriormente, se desempeñó como diputado por el estado Táchira y ocupa el cargo de primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), alineada con Maduro. Las cárceles venezolanas han sido criticadas por privar a los presos de sus libertades, hacinamiento crítico, demoras procesales y negligencia carcelaria. En junio, reclusos de prisiones de toda Venezuela encabezaron una huelga de hambre, exigiendo medidas humanitarias y traslados a instalaciones más cercanas a sus familiares o donde estuvieron previamente recluidos.
