El Observatorio de Violencia LGBTIQ+ registró 97 casos de agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela para el año 2022, con mayor énfasis en los últimos seis meses del año.
En los casos documentados, existen alrededor de 172 tipos de ataques, contemplados en acciones como humillar, gritar, ridiculizar, amenaza de muerte, acosar, golpear, herir y lesionar. Incluyendo también el no reconocimiento ni respeto a identidades de género, despido, privación de medios económicos, entre otras violencias.
La mayoría de las personas se reconocen como personas abiertamente LGTBIQ+ y eso puede incidir en la posibilidad que tienen para comunicar si han sufrido a algún tipo de discriminación por pertenecer al colectivo. Se identificaron 11 asesinatos; de estos 8 fueron cometidos contra hombres cisgéneros. Todos fueron asesinados en lugares íntimos o privados.
La causa de muerte en la mayoría de los casos fue por estrangulamiento y/o asfixia, 7 de ellos fueron víctimas de robo. En el estado Lara dos mujeres cisgéneros fueron robadas, asesinadas y quemadas en la vía pública y en Carabobo, una mujer fue asesinada con un disparo en el pecho en la vía pública.
La documentación se divide en 72 casos contra individualidades y 25 casos contra colectividades. El primer grupo hace mención a que las personas fueron atacadas de manera individual, bien sea estando solas o acompañadas. Mientras que el segundo grupo hace referencia a aquellos que tienen como objetivo arremeter contra la población LGBTIQ+ en general o alguna de las comunidades que forman parte de ella.
“70,8% de los casos, las personas se encontraban solas al momento de la discriminación. Aunque se desconoce la edad de la mayoría, se intuye que muchos son adultos jóvenes en edades comprendidas entre los 19 y 26 años. El perfil de las víctimas comprende a 75 hombres cisgéneros y 15 mujeres trans; estas representan el segundo grupo en función de la identidad de género”, analiza Glorielis, investigadora del OVV LGBTIQ+.
Jeffrey Materano, coordinador de documentación, analizó la caracterización de la violencia en los casos, señalando que 63 de los registrados, corresponden a incidentes de odio, 22 a discursos y 12 están relacionados a crímenes, en los que se incluye el asesinato. Estos delitos también pueden ser considerados –presuntamente– crímenes de odio, debido a que no se han realizado las averiguaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, de acuerdo a la información recopilada, hay indicios que pueden determinarlo así según el contexto venezolano.
La caracterización de las violencias por discriminaciones o prejuicios en consideración de las determinaciones que hacen a alguien ser o parecer de la comunidad LGBTIQ+, arrojó que 47 casos fueron por prejuicios en función de la orientación sexual; 14 casos por prejuicios a la identidad de género y 3 casos por juicios de valor según la expresión de género.
Algo importante a destacar de la investigación respecto al rol de los agresores en torno a la violencia, es la participación de funcionarios y representantes públicos. Materano explica que “20 casos involucran a representantes del estado, ya que forman parte de la dinámica de discriminación por motivo de orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal, bien sean reales o percibidas”.
Además agrega que en los casos registrados han participado también funcionarios del estado, así como diversas fuerzas de seguridad. “Esto representa una vulnerabilidad aún mayor, ya que los espacios públicos, las autoridades y las instituciones del estado que deberían ofrecer seguridad a las personas LGBTIQ+, terminan convirtiéndose en agresores”, manifestó.
Entre las recomendaciones que exhortan al Estado venezolano a actuar, el Observatorio de Violencia LGBTIQ+ en su informe señala la importancia de visibilizar canales de denuncias; sensibilizar a funcionarios, operadores de justicia y a las personas en general poder informarse sobre la violencia y discriminación hacia personas del colectivo. También manifiestan lo imprescindible de tipificar como agravante cuando los delitos estén basados en prejuicios discriminatorios hacia las personas LGBTIQ+.
