El periodista del medio digital La Patilla, Rory Branker, permanece detenido arbitrariamente desde que agentes policiales a la orden del régimen chavista lo detuvieron el pasado 20 de febrero de 2025, cuando transitaba en Caracas.
Hoy, 20 de enero de 2026, se cumplen 11 meses desde aquel momento, y mientras muchos de sus colegas han sido excarcelados y corren de regreso a casa con sus familiares y amigos, él continúa tras las rejas.
Durante meses no hubo información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encontraba; familiares y amigos le buscaron desesperadamente por los distintos centros de detención, mientras el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones de derechos humanos (como JEP, CLIPPVE, Un Mundo Sin Mordaza entre otras) y activistas de DDHH denunciaron firmemente y sin descanso su desaparición forzada.
En agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor al advertir un riesgo grave y urgente para su vida e integridad, y pidió al Estado venezolano precisar si estaba bajo custodia, informar dónde se encontraba y permitir el contacto con su familia y sus abogados. La ONU y Amnistía Internacional también alzaron la voz con fuerza por su caso.
Más de medio año después de su detención, sus familiares informaron, a través de un comunicado, que Branker había sido ubicado en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en la llamada «Zona 7» en Caracas, confirmando que todo ese tiempo estuvo bajo control estatal, pese al hermetismo.
Posteriormente, y tras fuertes dificultades familiares y una terrible opacidad legal, Rory fue sometido a dos traslados arbitrarios sin notificación. Finalmente, fue llevado al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde se encuentra actualmente.
Enero 2026: Comienzo de las liberaciones
Mientras tanto, enero de 2026 marcó un giro para otros comunicadores: al menos entre 19 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados de distintos centros de reclusión, entre ellos Roland Carreño, Carlos Marcano, Carlos Julio Rojas y otros reporteros y camarógrafos detenidos en el contexto de la criminalización del trabajo informativo.
Hasta ahora no existe una explicación pública de por qué su caso quedó fuera de estas excarcelaciones ni un argumento jurídico transparente que justifique que él siga tras las rejas mientras otros colegas recuperan la libertad.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, la ONU, la CIDH, la RE CIDH, Amnistía Internacional y diversas ONG venezolanas coinciden en que la detención de Branker, su desaparición inicial y su permanencia en prisión constituyen una violación grave de derechos humanos y un mensaje de intimidación dirigido a todo el periodismo en Venezuela.
Recientemente, la organización PEN International exigió la liberación inmediata del periodista Rory Branker, encarcelado arbitrariamente desde febrero de 2025.
En un comunicado, la presidenta del Comité de Escritores Encarcelados de PEN International, Ma Thida, calificó las detenciones como un ataque directo al derecho de la ciudadanía a estar informada.
