El partido Alianza del Lápiz, encabezado por Antonio Ecarri, saludó los acuerdos alcanzados en el primer ciclo del proceso político promovido por EE.UU. entre representantes del régimen chavista y miembros de la Asamblea Nacional de 2015, y expresó su beneplácito ante el hecho de que «sectores con profundas diferencias políticas puedan dialogar y acordar sobre asuntos fundamentales».
En un comunicado firmado por el Comando Político Nacional de la organización, Lápiz respaldó lo que consideró debe ser una reforma seria de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y valoró la ampliación de la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, así como mecanismos adicionales de revisión de credenciales. «La valentía del consenso significa dialogar sin capitular, acordar sin renunciar a las convicciones y reconocer al que piensa distinto», señaló el movimiento.
El partido pidió que este proceso «debe hacerse reconociendo el trabajo adelantado por el actual Comité de Postulaciones Judiciales», e insistió en que «el desafío fundamental no es solamente cómo escogemos, sino a quiénes escogemos».
El planteamiento se produce luego de que el acuerdo alcanzado por las delegaciones de la AN 2015 y el régimen chavista estableciera que el proceso de selección de magistrados se reiniciará y que el Comité de Postulaciones Judiciales, cooptado hasta ahora por el chavismo, se ampliado con nuevos integrantes.
El Lápiz expresó su deseo de que el proceso convoque a los mejores profesionales del derecho venezolano, dentro y fuera del país, para participar en la reconstrucción del Estado de derecho.
El proceso avanzado por la AN chavista
El 22 de mayo, la Asamblea Nacional chavista había llamado a los juristas venezolanos a postularse para esos cargos, en un proceso que contemplaba sustituir a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias, y escoger a doce nuevos que se sumarían a los otros doce que continuaban ejerciendo en la corte. El Parlamento había aprobado la reforma de la ley del TSJ el 12 de mayo, con una Sala Constitucional integrada por siete magistrados y el resto de las salas por cinco, frente a la composición previa de cinco y tres magistrados, respectivamente.
El Parlamento chavista había informado el pasado 19 de junio sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del TSJ, que pasaría a estar integrado por 32 jueces tras una reforma legal.
Entre los candidatos figuraban la exvicefiscal general Katherine Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015, así como la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aimé Nogal, y el exrector Luis Emilio Rondón González.
El Comité también había recibido 63 postulaciones para el cargo de inspector de tribunales y 33 para el de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
