Los directivos del Grupo Editorial Matul, casa editora de los diarios La Voz y La Región, acudieron ante la representación de la Asamblea Nacional de 2015 para exigir la inclusión formal de su caso en las negociaciones de garantías políticas y civiles que se discuten en la mesa de trabajo con el régimen chavista.
La comisión de la empresa estuvo encabezada por su fundador y editor, José Materán, junto a los directivos Emilio Materán y Tonny Materán, quienes entregaron un expediente al diputado Ramón López, acompañado del también diputado Ismael León. El informe detalla el patrón de asfixia administrativa aplicado contra el grupo desde octubre de 2024, cuando funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ejecutaron un operativo que culminó con el sello y clausura de todas sus sedes operativas.
Según la documentación presentada, el organismo tributario exigió la presentación de tres años de declaraciones de ISLR e IVA con sus respectivos soportes físicos, pero al clausurar e inmovilizar las sedes con los archivos contables en su interior, la propia autoridad privó al periódico de la capacidad material para demostrar su solvencia. De manera simultánea, el Seniat impuso medidas cautelares contra el Grupo Editorial Matul y sus accionistas, entre ellas la prohibición de enajenar y gravar bienes, embargo preventivo, bloqueo de cuentas bancarias, y prohibición de salida del país. Según la directiva, el embargo se mantiene intacto y aún no han podido ingresar a sus instalaciones para recabar las pruebas de su cumplimiento fiscal.
El cierre de los diarios dejó, según la directiva, a más de 50 trabajadores directos sin empleo, y afectó a más de 300 familias de pregoneros y quiosqueros que dependían de la distribución de los impresos. El informe consigna además la muerte del prensista Fernando López, de 70 años, a causa de un infarto que familiares y compañeros asociaron al estrés generado por la pérdida de su fuente de ingresos.
La representación del grupo editorial formalizó ante la delegación parlamentaria varias solicitudes, entre ellas la incorporación del caso a la agenda de la mesa de libertades y garantías políticas y civiles, el levantamiento de la clausura de las sedes, el acceso a sus archivos para recabar los soportes tributarios exigidos por el Seniat, el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre la empresa y sus accionistas, y la reposición de la causa para que la empresa pueda ejercer su derecho a la defensa.
El caso de La Voz y La Región se suma a los cientos documentados por el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que han registrado más de 300 medios cerrados en Venezuela entre 2004 y 2023.
