El ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, reveló este miércoles que más de 12.000 policías han sido destituidos por actos de corrupción en Venezuela, durante su intervención en la instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de Justicia Penal, encabezada por la encargada del chavismo, Delcy Rodríguez.
«Hemos ido destituyendo más de 12.000 policías que habían incurrido en actos de corrupción», afirmó Cabello, quien citó como ejemplo un caso ocurrido la noche anterior en el estado Lara, donde funcionarios de una alcabala robaron dinero a un ciudadano. «Los policías que hicieron eso, que en verdad no merecen llamarse policías, están detenidos y presentados a la orden de la justicia», indicó.
En su discurso, Cabello realizó un diagnóstico descarnado del sistema penal venezolano, reconociendo que durante años operó como un mecanismo de extorsión.
Describió cómo los retenes temporales en sedes policiales y militares, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) albergaban más reclusos que las propias cárceles, con personas detenidas hasta seis años por delitos menores sin haber sido llevadas a juicio. «El sistema carcelario muy perverso. Muy perverso», admitió.
El ministro denunció que el sistema funcionaba como un «reciclaje» de detenidos sostenido por la corrupción: «Yo te llevo al tribunal, si pagas. Y eso hemos ido nosotros desmontando. Una cantidad de fiscales y jueces han sido destituidos y detenidos».
También señaló que los llamados «pranes» retenían a reclusos dentro de las cárceles para exigirles pagos antes de permitirles asistir a sus audiencias. «Eso ya no existe. Se ha corregido porque las personas que hacían esa actividad están sometidas a un régimen distinto», afirmó.
Cabello también enumeró los cambios que, según él, se han implementado: el uso masivo de audiencias telemáticas para agilizar los procesos judiciales, el incremento de aspirantes en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) —de 7.900 a 32.000—, y la expansión de los cuadrantes de paz a más del 80% del territorio nacional, con participación de jueces de paz, el poder popular y las policías locales.
Sin embargo, el propio Cabello reconoció que «falta muchísimo» y que el sistema sigue fallando en distintos eslabones de la cadena.
