Durante un acto de balance a 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez reconoció públicamente la existencia de graves irregularidades dentro del sistema judicial venezolano, denunciando que funcionarios judiciales están exigiendo pagos ilícitos a cambio de otorgar los beneficios de la Ley de Amnistía.
La funcionaria aseguró que, a pesar de los avances del programa, persisten vicios que obstaculizan el proceso político. «Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar», sentenció Rodríguez, quien insistió en plantear la necesidad de un «reformateo» del sistema judicial.
En su discurso, Rodríguez defendió la aplicación de la normativa, afirmando que, en los dos meses transcurridos desde su aprobación, más de 9.000 personas han sido beneficiadas, a pesar de que organizaciones independientes, como Foro Penal, contabilizan en aproximadamente 150 los presos políticos liberados por la amnistía mientras que unos 500 siguen encarcelados.
«No midamos por el descontento de un pequeño grupo con gran poder mediático. Estamos reconociendo la vida de 9.000 personas que salieron en libertad o recibieron medida de libertad plena», afirmó. Según su visión, el camino recorrido en los últimos cuatro meses ha sido «muy duro», pero necesario para el reencuentro nacional.
