La encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, informó este martes que solicitó a la fraudulenta Asamblea Nacional chavista la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en la norma.
Sin embargo, fue la misma Rodríguez quien en 2017 impulsó la aprobación de esta ley para perseguir a la disidencia, cuando encabezaba la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
La iniciativa legal fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 con el argumento de acabar con supuestos mensajes de «odio» que, según el chavismo, habrían desatado la ola de protestas antigubernamentales que sacudió al país entre abril y agosto de ese año, con un saldo de 120 muertos. La oposición y numerosas ONG advirtieron desde entonces que la norma sería utilizada por el régimen para arreciar la persecución.
El artículo 20 de la ley establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien «públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas» por su pertenencia a determinado grupo social, étnico, religioso o político, y contempla también penas de 8 a 10 años de prisión para policías y militares que no persigan estos delitos.
Rodríguez, entonces presidenta de la Constituyente, explicó en su momento que la ley también obligaba a medios y redes sociales a retirar mensajes considerados de odio en un plazo de seis horas, bajo amenaza de sanciones. «Para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas, está prohibida la promoción (del odio), deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia en un lapso de seis horas, si no van a ser sujetos de sanciones», advirtió entonces, y llegó a calificar el instrumento como «un ejemplo para ser exportado al mundo entero».
Un instrumento de persecución política
Desde su aprobación, cientos de venezolanos fueron encarcelados por delitos previstos en la ley. Según un balance de la organización Espacio Público, entre 2017 y 2024 se registraron más de 120 casos de vulneración a la libertad de expresión vinculados a la norma. En el ciclo poselectoral 2024-2025, la organización documentó 73 detenciones por ejercer la libertad de expresión, de las cuales 33 invocaban el supuesto delito de «instigación al odio», entre víctimas que incluyen periodistas, activistas y ciudadanos comunes. Espacio Público también documentó el uso de la ley como instrumento de extorsión, tanto por funcionarios de seguridad y del Ministerio Público como entre particulares.
Organismos internacionales de derechos humanos pidieron en reiteradas ocasiones la derogación de la norma, por considerar que sus conceptos son amplios y vagos, y que ha sido utilizada para perseguir a la disidencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU había constatado, en sus observaciones finales de 2023, que el régimen se ha servido de esta ley para restringir la libertad de expresión, y en agosto de 2024 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también manifestó «seria preocupación» por su uso, y exhortó al Estado venezolano a modificarla.
Casi nueve años después de haber impulsado su aprobación, Rodríguez solicitó esta semana a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la ley, orientada a la despenalización de los tipos penales previstos en la norma.
