Un informe titulado “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela”, elaborado por Laboratorio de Paz, analiza la trayectoria institucional del exministro y su eventual regreso a altos cargos del Estado.
El documento surge ante planteamientos públicos sobre la posibilidad de que Rodríguez Torres sea designado en posiciones estratégicas del sector defensa o seguridad, y examina su actuación a la luz de estándares internacionales de derechos humanos y principios de transición democrática.
El informe revisa su formación militar, su paso por organismos de inteligencia como la antigua DISIP y el SEBIN, y su gestión como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2013 y 2014. Destaca que durante ese período ejercía autoridad jerárquica sobre cuerpos policiales, mecanismos de inteligencia y la coordinación del orden público, en el contexto de las protestas masivas iniciadas en febrero de 2014.
El documento sostiene que, según informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, en ese período se documentaron patrones de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones al debido proceso, militarización del control del orden público y persecución de defensores de derechos humanos. En ese marco, se invoca el principio de responsabilidad de mando para analizar la responsabilidad institucional derivada de su posición de autoridad.
Asimismo, se examinan declaraciones públicas emitidas por Rodríguez Torres durante las protestas de 2014, que, según el informe, contribuyeron a la criminalización de manifestantes, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos. El documento señala que estas narrativas oficiales formaron parte de un patrón de estigmatización que acompañó la respuesta estatal frente al conflicto social.
Finalmente, el informe reconoce que Rodríguez Torres fue posteriormente detenido y considerado por diversos actores como víctima de persecución política, tras lo cual fue excarcelado en 2023 y salió al exilio. Sin embargo, sostiene que dicha condición no excluye la evaluación de su gestión previa y concluye que una eventual designación en altos cargos del sector seguridad plantearía tensiones con los estándares de no repetición, rendición de cuentas y reforma institucional propios de una transición democrática basada en derechos humanos.
Aquí el informe completo:
