Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos intensificaron una campaña nacional para solicitar la restauración del Estatus de Protección Temporal (TPS), argumentando que la crisis humanitaria en Venezuela, agravada por los terremotos del pasado 24 de junio, justifica una nueva designación del programa.
La iniciativa es encabezada por la National TPS Alliance y otras organizaciones de apoyo a migrantes, que promueven una recolección de firmas y el envío de cartas a legisladores federales para instar al Congreso a intervenir ante la administración del presidente Donald Trump.
La campaña cobró fuerza luego de que el gobierno estadounidense pusiera fin a las designaciones del TPS para la mayoría de los venezolanos y mientras continúan los procesos judiciales que buscan revertir esa decisión.
Según organizaciones especializadas, algunos beneficiarios aún conservan protección temporal debido a circunstancias particulares o por litigios en curso. Sin embargo, la mayoría de los venezolanos perdió ese beneficio migratorio durante 2025.
Además de la recolección de firmas, las organizaciones exhortan a los ciudadanos a contactar directamente a sus representantes en el Congreso para respaldar proyectos de ley y otras iniciativas orientadas a restablecer el TPS para los venezolanos.
Los grupos promotores de la campaña sostienen que Venezuela continúa enfrentando graves condiciones humanitarias, económicas y de seguridad que justifican una nueva designación del programa. Asimismo, señalan que los recientes terremotos representan un argumento adicional para reconsiderar la protección migratoria.
El Estatus de Protección Temporal permite que ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanezcan temporalmente en Estados Unidos con autorización para trabajar, aunque no constituye una vía hacia la residencia permanente.
La campaña también se desarrolla en un contexto judicial complejo. El pasado 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó significativamente la capacidad de los tribunales para revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con el otorgamiento o la terminación del TPS, una determinación que podría dificultar las impugnaciones presentadas por los beneficiarios del programa.
