La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó su Informe Anual 2021 relativo a la situación general de los derechos humanos en la región, en el que se destaca la agudización de problemas ─ya comunes y rutinarios─ que padece la población zuliana.
«El año 2021 estuvo marcado principalmente por el incremento de casos de Covid-19 frente a un sistema sanitario público precario, los altos índices de inseguridad alimentaria, la persistente violación del derecho a la vida y a la integridad personal por las constantes ejecuciones extrajudiciales, la deficiente prestación de servicios públicos, el irrespeto gubernamental a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el desconocimiento del derecho a la educación ante la desatención institucional de los centros educativos; las violaciones a los derechos de las niñas y mujeres, las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, y la desprotección de los derechos ambientales», señala la organización en el informe publicado en su página web.
Con respecto a la crisis humanitaria, la organización indicó que «el año pasado representó una lucha para acceder diariamente a los alimentos básicos en el Zulia, pues explica en su investigación que los altos precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares de la región impidieron la obtención de alimentos suficientes y nutritivos que contribuyen a su calidad de vida, salud y bienestar general, agudizados en medio de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país. Aunado a esto, la tasa de cambio oficial del dólar subió 324,07%, a la vuelta de un año, mientras el sueldo mínimo seguía siendo insuficiente para alimentarse adecuadamente», agrega.
Por otro lado, apagones y racionamientos eléctricos, carencia de agua por tuberías o su falta de potabilización, incremento del uso de leña para cocinar por escasez de gas doméstico, espacios sucios y acumulación de basura, sacrificios personales y familiares por largos recorridos a pie por falta de transporte público o largas colas para surtir gasolina, entre otras circunstancias, ponen en evidencia la vulneración de derechos humanos por parte del Estado que, además, no rinde cuentas de su gestión ni responde por los múltiples daños generados.
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