La doctora en Finanzas Públicas e investigadora de Transparencia Venezuela, Christi Rangel, advirtió durante el foro «Voces para la democracia venezolana» que cualquier intento de reconstrucción económica del país fracasará si no va acompañado de una genuina separación de poderes, instituciones de control autónomas y la reconstrucción del sistema estadístico nacional, desmantelado por el chavismo.
Rangel señaló que uno de los problemas estructurales más graves es la ausencia de estadísticas económicas, sociales y laborales confiables. «La oficina de estadísticas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas fue cerrada alrededor de 2019. Sin estadísticas no hay diagnósticos precisos y sin diagnósticos no es posible diseñar políticas públicas pertinentes», afirmó.
La investigadora planteó que el presupuesto nacional debe dejar de ser una ficción manejada a discreción del Ejecutivo y pasar a regirse por el principio de legalidad: que solo el Parlamento lo apruebe tras consulta con los ciudadanos, que exista un único presupuesto, eliminando los fondos extrapresupuestarios manejados con opacidad desde 2003, y que esté orientado a resultados medibles en derechos humanos, equidad de género y cambio climático.
«Durante muchos años el gobierno estimaba un presupuesto ficticio y luego lo modificaba como quería, todas las veces que quería», denunció.
Entre las reformas institucionales que propuso figura la creación de una Tesorería con cuenta única centralizada. «Necesitamos un Tesoro centralizado y aquí hay una novedad para los tiempos que están corriendo: necesitamos que esta Tesorería no solo lleve la cuenta de los recursos monetarios o fiat, sino también de los activos que tenga el gobierno en criptoactivos, porque sabemos que nuestro gobierno pues tiene bastantes fondos en criptoactivos y ya la mayoría de los gobiernos están recorriendo el camino de manejar criptoactivos dentro de sus haberes», explicó.
También propuso la creación de un Consejo Fiscal Independiente cuyos integrantes no estén sometidos a los ciclos electorales. «29 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya lo tienen. En América Latina, Chile, Perú, Brasil, México y Uruguay han tenido experiencias muy positivas», destacó.
Rangel advirtió además que la corrupción en Venezuela se concentra principalmente en los procesos de contrataciones y compras públicas, y que las tecnologías de subastas digitales y trazabilidad en blockchain están demostrando resultados positivos en otros países para reducirla.
