Un reciente estudio sobre la ejecución del Gasto Público en 13 países reveló que Venezuela tiene el peor desempeño de ejecución en la región; debido a la opacidad en los balances fiscales, la falta de información clara.
La investigación realizada por la economista Litsay Guerrero del Observatorio de Gasto Publico de CEDICE Libertad (Cedice Libertad), entre 2017 y 2021 detalló que la ejecución del Gasto Público en Venezuela fue precaria y poco efectiva, debido a la desmejora continuada de los balances fiscales de la nación que se sumó a la hiperinflación y al ciclo recesivo que aún persiste.
El análisis da cuenta que Venezuela se ha caracterizado por mantener opacidad en el tema fiscal y no hay información de formulación, aprobación, y en detalle del presupuesto de la nación ni de las premisas utilizadas.
Se detecto un franco deterioro en la capacidad de las autoridades para la formulación de metas macroeconómicas, además de discrecionalidad en el gasto público. Lo que no permite al ciudadano conocer la forma en que se gasta el dinero.
Indicadores a la baja
“Considerando los 13 países de la región para los que se hizo el cálculo actualizado del IGP los resultados en las ediciones entre 2017 y 2019; señalan que Bolivia, Guatemala y Paraguay han registrado resultados relativamente estables en la sincronía entre las estimaciones de sus presupuestos y la ejecución del gasto; en tanto que Uruguay registró una importante mejora”, reveló este estudio
Los resultados de la gestión en las ediciones del IGP 2017 y 2019, determinan que Venezuela se mantuvo en las últimas posiciones en el orden del ranking general del IPG, siendo 2019 el año del peor desempeño de ejecución de este indicador”.
“Tampoco hubo mayores cambios en el gasto para atender la crisis sanitaria por el Covid-19, teniendo en cuenta que no hay cuentas claras con respecto a medidas de apertura para los sectores productivos afectados por la paralización de las actividades económicas”, puntualiza el documento.
Como propuesta de forma y fondo, la investigación sostiene que para Venezuela y su economía “se requiere de un enfoque de política económica y de economía política que permita el diseño e implementación de un adecuado programa de reformas que sustenten una recuperación y crecimiento sostenible, basados en la libertad económica ”.
