La crisis de los servicios públicos afecta cada vez más al mercado laboral venezolano. Un estudio de la consultora Anova estima que 494.763 personas dejan de trabajar debido a las fallas en el suministro de agua y electricidad, lo que representa una pérdida de unos 1.600 millones de dólares, equivalente a 1,4% del PIB.
La investigación, realizada por la firma del economista Omar Zambrano, señala que siete de cada 10 hogares venezolanos reciben agua o electricidad de forma precaria, una proporción 21,7% superior a la registrada en 2025.
Según Anova, vivir en uno de estos hogares reduce en promedio 4,4 puntos porcentuales la probabilidad de participar en el mercado laboral y en 3,9 puntos la posibilidad de estar ocupado. Esto se traduce en 1.159,4 millones de dólares menos en ingresos laborales y cerca de 1.600 millones de dólares que la economía deja de generar.
Apagones y racionamiento
Venezuela arrastra una crisis eléctrica de casi 15 años. Desde que Delcy Rodríguez ha implementado dos planes de ahorro que han implicado interrupciones del servicio, con apagones que en algunos casos alcanzan las 10 horas.
A esto se suma un “esquema de trabajo interdiario con jornada parcial” aplicado en distintas instituciones del régimen.
El régimen chavista atribuye las fallas a fenómenos climáticos y a las sanciones estadounidenses, mientras expertos señalan como causas la falta de planificación y mantenimiento, la incapacidad de las autoridades y casos de corrupción vinculados con proyectos que no fueron culminados.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que, de las 488 horas laborales del segundo trimestre del año, las empresas registraron 214 horas sin suministro eléctrico, un 68% más que en el trimestre anterior.
Un mayor impacto entre las mujeres
Anova describe las deficiencias en los servicios públicos como un “impuesto de tiempo”, debido a que las labores de almacenamiento, las esperas y el tiempo destinado a resolver necesidades básicas reducen las horas disponibles para trabajar y generar ingresos.
El estudio también identifica un impacto desigual por género. En hogares sin fallas de servicios, las mujeres ocupadas trabajan 3,2 horas semanales menos que los hombres. En los hogares con servicios precarios, la diferencia aumenta a 5,6 horas, lo que supone un incremento de 75% en la brecha laboral.
En el caso de los hombres de hogares precarios, Anova señala que trabajan 1,7 horas semanales más que aquellos de hogares sin fallas, posiblemente para compensar la presión sobre los ingresos familiares.
La consultora concluye que la productividad laboral está severamente limitada cuando siete de cada 10 hogares deben organizar sus actividades en función de la llegada del agua y los horarios de los apagones, mientras el propio régimen reduce las jornadas laborales para ahorrar electricidad.
