El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015, Armando Armas, entregó a la presidenta de este ente, Dinorah Figuera, un documento con propuestas para garantizar el voto en el exterior, titulado «Propuestas de participación democrática sostenibles».
Armas sostiene que un acuerdo duradero para la transición democrática no se logra solo con fechas y procedimientos, sino que requiere abordar tres obstáculos: la coerción política, la exclusión administrativa y la opacidad en el financiamiento político.
«La condición de éxito de un acuerdo para recuperar la democracia es reducir simultáneamente la capacidad de intimidar, excluir a las personas por sus posiciones políticas y secuestrar decisiones públicas», señala el documento.
Recuperar el acceso a un derecho
Armas alertó que millones de venezolanos en el exterior han perdido acceso al derecho al voto, debido a un procedimiento costoso que obliga a desplazarse a los consulados, en un contexto de reducción del número de sedes consulares.
El diputado propone establecer «consulados digitales» que, mediante tecnología, garanticen la seguridad y transparencia del registro electoral, lo que requeriría adecuar la normativa vigente, una auditoría previa del sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y protección específica para personas refugiadas y solicitantes de asilo, en respeto del artículo 298 de la Constitución.
El dirigente también invita a debatir la incorporación de tecnología de autenticación biométrica y reconocimiento facial, actualmente evaluada por autoridades de Estados Unidos a petición de equipos técnicos electorales independientes.
El documento propone incorporar al acuerdo un programa de garantías con siete puntos: libertad plena y protección inmediata de los presos políticos, con liberación incondicional y balance público semanal; verificación independiente, con acceso a expedientes y centros de detención; un servicio consular electoral integrado, con diagnóstico técnico-jurídico en 30 días; un plan piloto de votación en el exterior en un plazo de 60 a 90 días; una reforma de trazabilidad financiera preparada en 30 días; un protocolo de fiscalización con debido proceso entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), supervisión bancaria y el Ministerio Público; y una secretaría técnica que garantice resultados auditables.
