La organización Amnistía Internacional emitió una acción urgente en la que exige a la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, la excarcelación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, cuyo número asciende a cerca de 500.
En el documento, Amnistía Internacional señala que, pese a la entrada en vigor en febrero de 2026 de la Ley de Amnistía, cientos de presos políticos siguen detenidos, y muchos otros vieron denegadas sus solicitudes o modificada posteriormente su situación de libertad. La organización califica el patrón como una «puerta giratoria» en la que «las liberaciones suelen venir seguidas de nuevas detenciones».
Entre los casos concretos mencionados en el informe figuran las hermanas Samantha (16 años) y Aranza Hernández (19), detenidas desde noviembre de 2025 con cargos de terrorismo y a quienes se les negó la amnistía; Perkins Rocha, que continúa bajo arresto domiciliario; el preso de conciencia Javier Tarazona y el periodista Rory Branker, excarcelados pero con solicitudes de amnistía rechazadas. También se menciona a Martha Lía Grajales, de la ONG SurGentes, quien fue amnistiada pero cuyo teléfono sigue siendo sometido a peritajes por la Fiscalía.
El documento también actualiza el estado de otros casos que Amnistía Internacional ha seguido desde 2023. Entre quienes permanecen detenidos en prisión figuran Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Marrufo, Danner Barajas y Damián Rojas.
La organización pide a Rodríguez que garantice la excarcelación inmediata de todos los detenidos, ponga fin a las causas penales de motivación política y proteja la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado, garantizando su acceso a representación legal, atención médica y contacto con sus familias. «Los responsables de tales violaciones de derechos humanos pueden ser objeto de investigación y enjuiciamiento ante instancias judiciales independientes más allá de las fronteras de Venezuela», advierte el documento.
Amnistía Internacional recordó que la oleada represiva alcanzó su máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de terrorismo e incitación al odio, incluyendo niños, niñas y personas con discapacidad. Para mayo de 2025, se calcula que 7,9 millones de venezolanos habían huido del país.
