Un monitoreo de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA) reveló que durante los primeros nueve días de la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio, el régimen chavista no ofreció ningún dato oficial sobre el impacto específico en niños, niñas y adolescentes, dejando vacíos informativos que afectan la protección de esta población vulnerable en medio de la catástrofe.
El seguimiento constató que las principales figuras del régimen —la encargada Delcy Rodríguez y el presidente de la AN Jorge Rodríguez— centraron la narrativa oficial en balances generales de fallecidos, heridos, damnificados y despliegue de funcionarios, sin ofrecer datos desglosados ni planes de contingencia priorizados para la infancia. Las únicas menciones a esta población se limitaron a la suspensión de actividades escolares y al rescate puntual de un niño de 11 años en Caraballeda y un bebé de dos años.
No fue hasta el 2 de julio —ocho días después de la tragedia— que Delcy Rodríguez abordó el tema en su rueda de prensa con medios internacionales, señalando la activación de psicólogos, actividades musicales del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, distribución de juguetes y campos de fútbol habilitados por la Federación Venezolana de Fútbol. Veinticinco minutos después de iniciada esa rueda de prensa, la encargada mencionó haber visitado hospitales donde conversó con niños mutilados o que habían perdido a sus padres. «Es una situación dramática», dijo.
El informe también documenta contradicciones estadísticas graves en las cifras oficiales: la más llamativa ocurrió entre el 25 y el 26 de junio, cuando el ministro de Salud Carlos Alvarado reportó 4.300 heridos a las 8:41 p.m., y menos de seis horas después Delcy Rodríguez fijó la cifra oficial en 2.980 heridos, sin explicación alguna sobre la reducción de 1.320 personas en los registros.
El monitoreo identifica además una estrategia comunicacional altamente centralizada: los únicos canales oficiales habilitados para reportar desaparecidos y canalizar donaciones fueron la plataforma VENApp, la línea 0-800-RESCATE y los centros de acopio de La Carlota y la Almacenadora Caracas, medida que organizaciones civiles denunciaron como un «cuello de botella logístico» que anuló la respuesta de redes vecinales y ONG autónomas. A ello se sumaron restricciones a la prensa internacional —con un cerco de 48 horas bajo pretextos sanitarios—, el registro obligatorio en el Poliedro de Caracas para ingresar a La Guaira y restricciones aeroportuarias en Maiquetía, denunciadas por el SNTP como un mecanismo para impedir «la auditoría ciudadana e independiente de la emergencia».
El informe de Agencia PANA destaca que a partir del sexto día, el discurso oficial mutó hacia la «normalización»: la declaración de viaductos transitables, la reapertura del transporte público y la exhibición del campamento transitorio El Ávila funcionaron, según el análisis, como distractores frente a una crisis cuya magnitud real aún no ha sido reconocida con datos transparentes.
El informe recuerda, citando a CECODAP, que «la ausencia de información afecta el interés superior del niño» y que «invisibilizar estadísticamente también limita la protección».
