La ONG Acceso a la Justicia presentó formalmente una propuesta de baremo de evaluación y recomendaciones metodológicas para el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de superar el patrón de opacidad que ha caracterizado la designación de jueces en Venezuela desde 1999.
Para el diseño del instrumento, la organización tomó como referencia el ordenamiento jurídico venezolano junto con estándares y metodologías aplicadas en España, México, El Salvador, Chile y Guatemala, aunque adaptó los criterios a la realidad nacional, prescindiendo temporalmente de la ponderación de la carrera judicial interna, dada la inexistencia práctica de una judicatura institucionalizada en el país.
Requisitos de admisibilidad y estructura del baremo
La propuesta contempla un procedimiento con filtros éticos y profesionales. El filtro constitucional y personal mínimo exige nacionalidad venezolana exclusivamente por nacimiento, ausencia de antecedentes penales y no tener militancia político-partidista, cuya ausencia implicaría la descalificación automática del aspirante.
La evaluación de perfiles profesionales pondera de forma equitativa y acumulativa los tres perfiles previstos en la Constitución —ejercicio profesional, académico y carrera judicial—, tomando como base 15 años de trayectoria, con puntaje adicional por años extra y títulos de posgrado.
En cuanto a la evaluación de reconocida honorabilidad, la propuesta establece un descuento severo de puntos o el rechazo directo ante denuncias por violaciones de derechos humanos registradas en informes internacionales, sanciones disciplinarias, denuncias por violencia de género o plagio académico.
Propuestas para la transparencia del proceso
Acceso a la Justicia enfatizó que todo el trabajo del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) y de la Asamblea Nacional debe desarrollarse bajo el principio de máxima publicidad y con amplia cobertura mediática.
Entre sus recomendaciones centrales, la organización propone permitir la veeduría de la sociedad civil e integrar la asistencia técnica de organismos como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; difundir públicamente la convocatoria por sala, el cronograma del CPJ, las listas de postulados e impugnaciones, las entrevistas en vivo y los puntajes finales; y exigir que el CPJ revise los informes internacionales de derechos humanos para evaluar la actuación previa de candidatos que hayan ejercido cargos públicos.
Desde la organización señalaron que dotar al país de magistrados independientes e imparciales constituye un paso indispensable para la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela.
#PropuestaDeBaremoJudicial A partir de los requisitos constitucionales venezolanos y de criterios y metodologías de valoración empleados en cinco países iberoamericanos, formulamos una propuesta de baremo para evaluar a quienes aspiran a ser magistrados del TSJ #JusticiaVe…
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) September 25, 2026
