La organización no gubernamental Acceso a la Justicia destacó que la vigilancia y el monitoreo que las instancias internacionales de derechos humanos hacen sobre la situación de Venezuela ni es tiempo perdido ni esfuerzo malgastado.
En el análisis publicado en su página web, la ONG asegura que en la solicitud que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó para continuar investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. «En la misma ha citado a distintos organismos del sistema interamericano y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para justificar su opinión de que las autoridades nacionales no han mostrado genuina voluntad para castigar dichos hechos», señalan.
Al respecto, Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, afirmó que «esto es una buena noticia. Demuestra que eso de que los informes terminan en una gaveta y que nadie los estudia no es verdad. En el documento que el jurista británico presentó el pasado 1 de noviembre a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) se menciona catorce veces informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en unas cuarenta ocasiones cita los tres reportes que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela ha emitido desde el año 2020».
Daniels también saludó que Khan tome en consideración los pronunciamientos de la CIDH «por cuanto es el organismo internacional de protección de derechos humanos que más seguimiento ha hecho a la situación del país».
«La CIDH ha publicado tres informes dedicados especialmente a Venezuela desde el año 2003, además de sus informes anuales. En este último tipo de informes, desde el año 2002 el país aparece en su capítulo IV, en el que figuran los países de la región en los que hay una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos», indicó.
Por otra parte, Daniels le salió al paso a las denuncias que viene haciendo el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en relación con que la Fiscalía de la CPI forma parte de una «guerra legal» contra el Estado y de que «no hay necesidad» de que ella investigue nada. «La CPI no está colonizando a nadie, ni siquiera es un país (…) No es colonialismo (lo que está haciendo Khan), porque eso implica que un país se apodere de un tercer país. Eso ocurre en Ucrania, pero no aquí», explicó.
Destacó que «Venezuela es parte del Estatuto de Roma y lo firmó libremente. Pero no solo lo firmó, sino que formó parte del grupo de países que contribuyó a que se firmara en 1999. Y este gobierno (se refiere al de Hugo Chávez) hizo el último paso necesario, con su ratificación, para que Venezuela se adhiriese al Estatuto con su publicación en la Gaceta Oficial. El Estatuto es parte del derecho interno venezolano, es derecho en Venezuela y, por lo tanto, no se puede alegar intromisión de un órgano al que se adhirió soberanamente».
Por último, consideró que los datos suministrados por las propias autoridades demuestran que en el país no se están investigando los crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, puede operar el principio de complementariedad que permitiría actuar a la CPI. Así, por ejemplo, mencionó que, de los 893 procesos que el Ministerio Público dijo tener abiertos por graves violaciones a los derechos humanos, el 67% se encuentra en fase preliminar, pese a que la mayoría ocurrió en 2017, y que en el 85% de los mismos todavía no se ha identificado a los sospechosos.
