El senador colombiano Miguel Uribe Turbay y un grupo colombo-estadounidense calificaron este lunes en Miami de «irresponsabilidad» un posible acuerdo energético con Venezuela propuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que solo «pretende destruir el sector de hidrocarburos» en este país.
«Venezuela por su ineficiencia y modelo político no tiene la capacidad de cumplir ningún acuerdo comercial con Colombia, mucho menos en un sector» que necesita «certeza y seguridad jurídica», advirtió hoy mediante un video presentado en una rueda de prensa el senador Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático.
Se trata de un posible acuerdo estratégico de cooperación entre la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la venezolana PDVSA para importar gas de ese país a Colombia, tras el levantamiento temporal de sanciones de Estados Unidos contra la nación caribeña.
Sin embargo, Uribe advierte de que un acuerdo de este tipo no solo entraña una «irresponsabilidad», por parte de Petro, sino que erosionaría completamente el sector de hidrocarburos en Colombia, que representa más del 50 % de las exportaciones y el 26 % de la inversión extranjera.
Esta iniciativa, bajo el «pretexto» de combatir el cambio climático y sus efectos, es, a juicio de Uribe, una «incoherencia más» de Petro, ya que Colombia apenas produce el 0,3 % de la emisión de gases en el planeta, «algo insignificante», dijo Uribe.
Expresó su alarma por un potencial acuerdo energético entre Ecopetrol y PDVSA que, por la «ineficacia e incapacidad» del Gobierno venezolano, podría «poner en jaque la industria y desarrollo en Colombia».
«Es irresponsable este acuerdo que propone Petro, y el daño a los colombianos sería absolutamente gigantesco», insistió el senador Uribe, quien estaba previsto que participara personalmente en la rueda de prensa organizada por el grupo Colombia Habla US!
Para Fabio Andrade, presidente de Colombia Habla US!, el acuerdo no es más que una «patraña», ya que Venezuela «no tiene nada que ofrecer» a una de las empresas colombianas más importantes del país como es Ecopetrol.
«PDVSA está acabada. Y esta alianza representa que Ecopetrol tiene que meter más de 500 millones de dólares en Venezuela», algo que no va a generar ningún retorno para Colombia. «Ese dinero se va a perder» y «debilitar totalmente a una de las empresas emblemáticas de Colombia para el desarrollo social» del país, por sus inversiones en esta materia.
El objetivo de este acuerdo energético sirve, como principal objetivo, para «seguir armando a las fuerzas irregulares, las FARC y otros grupos y debilitar el Estado de derecho».
Afirmó Andrade a EFE que esta iniciativa para una alianza energética parte de Nicolás Maduro, y que Petro está obligado a secundarla, ya que tiene una deuda contraída (con Maduro) «porque él apoyó financieramente su campaña electoral y le ayudó a salir elegido» presidente.
Al igual que Uribe, el presidente de Colombia Habla US! sostiene que «Venezuela no tiene nada que ofrecer a Colombia», con una PDVSA «totalmente inoperativa, desmantelada».
Así que el dinero procedente de Ecopetrol tendría un destino: «Desarrollar los pozos petroleros de Venezuela, que existen pero no están desarrollados», apuntó.
Por todo ello, Andrade dijo que han pedido al presidente estadounidense, Joe Biden, como principal aliado de Colombia, que impida esta alianza energética y proyecto bilateral.
Para el periodista colombo-estadounidense Jaime Florez, ligado al Partido Republicano de EE.UU., la propuesta de PDVSA para que Colombia importe gas venezolano en 2024 no es más que una «patraña», una «maniobra de intereses estratégicos absurda, también desde el punto de vista financiero».
Según Florez, lo que Maduro persigue es «esquivar las sanciones de EE.UU. contra las exportaciones de petróleo venezolano a través de Colombia». «Ese es el peligro de la alianza y constituye un serio riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos», añadió.
En la rueda de prensa estuvieron también presentes miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y de la IVAC (Venezuelan-American Citizens), así como funcionarios electos locales. EFE
