La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles los permisos de operación de cinco universidades y las personalidades jurídicas a otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del régimen que conduce Daniel Ortega.
Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF).
Anteriormente, los diputados sandinistas y sus aliados también ilegalizaron a las organizaciones propietarias de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac).
Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de Ortega: la Ucatse, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí.
El cierre de las cinco universidades y las 11 ONG fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición de motivos del decreto.
El cierre de las cinco universidades y las 11 ONG fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición de motivos del decreto.
