Los ex guerrilleros sandinistas disidentes Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, la dirigente opositora Suyen Barahona y el banquero Luis Rivas fueron acusados por el Ministerio Público de Nicaragua del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó la Fiscalía.
Con información de EFE
Torres y Tinoco, históricos combatientes sandinistas y antiguos compañeros de lucha del presidente del país, Daniel Ortega, y Barahona —ex titular de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— se encuentran en prisión desde el 13 de junio pasado, investigados por supuesta traición a la patria.
En tanto, Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, se encuentra detenido desde el 15 de junio.
En una declaración, la Fiscalía indicó que los cuatro fueron acusados del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
La Fiscalía acusó a 24 dirigentes políticos
Asimismo, el Ministerio Público informó que ya se llevaron “a cabo las audiencias preliminares, donde la autoridad judicial admitió las acusaciones y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las personas acusadas”.
Con esos cuatro nuevos casos suman 24 los dirigentes políticos y profesionales independientes que han sido acusados por la Fiscalía en los últimos siete días por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero.
Entre los acusados se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que antes de ser arrestados en junio pasado habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia en las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el mandatario busca una nueva reelección.
Otros acusados son el ex vicecanciller José Pallais, el ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) José Adán Aguerrí, la ex guerrillera Dora María Téllez, las dirigentes opositoras Ana Margarita Vigil, Violeta Granera y Tamara Dávila y el consultor Manuel Orozco. También el periodista Carlos Fernando Chamorro y su hermano, el ex ministro y ex diputado Pedro Joaquín Chamorro, así como otros siete ex colaboradores de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Violación a debido proceso
Los abogados defensores han denunciado una violación al debido proceso en esos casos, bajo el argumento de que las audiencias preliminares se han celebrado de manera secreta y no han sido notificados para representar a sus clientes.
Entre otras violaciones, alegan que desde que los dirigentes opositores fueron arrestados el Estado no les ha permitido a los familiares ni a los abogados visitarlos en prisión y tampoco han tenido derecho a una audiencia pública ni a un abogado.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 dirigentes políticos opositores, entre ellos siete que expresaron su intención de competir por la Presidencia en los comicios de noviembre, así como profesionales independientes.
Ortega, un ex guerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
