Las recientes operaciones de control migratorio en El Doral, Florida, han generado temor entre familias, trabajadores y empresarios, especialmente dentro de la numerosa comunidad venezolana de esta ciudad del condado Miami-Dade.
El concejal Rafael Pineyro advirtió que las detenciones no solo afectan a personas en situación migratoria irregular, sino también a familias y trabajadores que cuentan con procesos legales pendientes. Aseguró que esta situación está teniendo consecuencias directas sobre la actividad comercial y la vida cotidiana de la ciudad.
“Los negocios están sufriendo. Es muy lamentable la situación”, señaló Pineyro, quien afirmó recibir diariamente mensajes de familias preocupadas por la posibilidad de ser detenidas. Según explicó, algunos padres han optado por utilizar servicios de transporte como Uber para llevar a sus hijos a la escuela, mientras trabajadores se organizan en grupos para poder trasladarse a sus empleos.
El concejal cuestionó que personas que se encuentran realizando trámites migratorios sean detenidas y tratadas como criminales. “Aquí estamos hablando de familias trabajadoras, dueños de negocios que están en sus procesos migratorios actualmente”, sostuvo.
Pineyro también alertó sobre el impacto económico de las operaciones migratorias. Explicó que la incertidumbre afecta el consumo y las ventas de los comercios locales, incluso cuando sus propietarios no tienen problemas con su estatus migratorio.
“Está afectando nuestra calidad de vida, está afectando nuestra economía local”, afirmó, al destacar el aporte de la comunidad inmigrante a la economía del sur de Florida.
Ante esta situación, el concejal informó que envió cartas a distintos niveles de la administración federal acompañadas de un reporte elaborado con apoyo de abogados de inmigración. El documento expone, entre otros aspectos, el volumen de casos migratorios pendientes y los retrasos existentes en el sistema.
Pineyro aseguró que busca generar una respuesta institucional para frenar lo que considera una situación injusta en una ciudad que, según indicó, registra uno de los índices de criminalidad más bajos del condado Miami-Dade.
Asimismo, aclaró la participación de la policía local en las operaciones de ICE y rechazó las versiones que vinculan directamente a la ciudad con las recientes detenciones. Explicó que el acuerdo 287(g) es una disposición de carácter estatal y que fue firmado por los 67 condados de Florida, incluido Miami-Dade.
El concejal precisó que la Policía de Doral no ha participado hasta ahora en las detenciones relacionadas con ICE, debido a que sus agentes ni siquiera han realizado el entrenamiento requerido con esa agencia federal.
Finalmente, Pineyro anunció que el próximo 21 de septiembre se realizará en Doral un seminario con abogados especializados en inmigración para ofrecer orientación y respuestas a los miembros de la comunidad ante el escenario migratorio actual.
