Dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, son parte de las más de cincuenta personas detenidas este lunes durante el paro nacional convocado por el movimiento indígena en contra del alza del precio del diésel, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, después de que un millar de manifestantes atacaran un cuartel policial, hirieran a dos agentes y provocaran «daños materiales significativos», de acuerdo al último balance de la Policía.
«Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata», señaló Reimberg en una entrevista con el canal Teleamazonas.
El Tren de Aragua es una de las organizaciones extranjeras que han sido catalogadas como «terroristas» por el presidente, Daniel Noboa, en el marco del «conflicto armado interno» que declaró en 2024 para luchar contra las bandas criminales ecuatorianas.
Las organizaciones islamistas Hamás, de Palestina; Hezbolá, de Líbano; la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán; y los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur también han sido declarados como «terroristas» por el mandatario ecuatoriano.
A esa lista se unió también el denominado Cartel de los Soles, que según el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está compuesta por altos cargos de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro como su supuesto líder.
Protestas contra el alza del diésel
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, comenzaron este lunes en varias localidades andinas del país, con mayor intensidad en las provincias de Imbabura y de Cotopaxi, a cuya capital, Latacunga, Noboa trasladó de manera temporal la sede del Ejecutivo.
Latacunga amaneció militarizada, lo que impidió que la marcha indígena se tome la ciudad, tal como había anticipado el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las filiales más activas y fuertes de la Conaie, que buscaba sacar al presidente Noboa de la localidad.
A Imbabura, el Gobierno ha mandado «refuerzos para controlar la situación», según dijo Reimberg.
El Ejecutivo, que espera liberar 1.100 millones de dólares anuales con la eliminación del subsidio al diésel, ha señalado que ese dinero se destinará a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, desde el movimiento indígena exigen que se derogue esa medida, al considerar que el alza del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), encarecerá la vida de los ecuatorianos.
Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el Gobierno del presidente Noboa ha dicho que no va a negociar la eliminación del subsidio y advirtió que quienes «incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley».
La Fiscalía también anticipó que actuará «con firmeza» en caso de que las protestas deriven en posibles delitos como «terrorismo».
EFE
