La Procuraduría de Colombia abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Villavicencio, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la fabricación de pasaportes, un caso en el que ya están siendo investigados dos excancilleres y el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade.
La entidad señaló en un comunicado que, además de Villavicencio, que lleva tres semanas como ministra encargada, la medida también incluye a la gerente de la Imprenta Nacional, Alba Liliana León, y la secretaria general de la Cancillería, Elvira Sanabria Salazar.
Según la Procuraduría, la firma del acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, realizado el pasado 18 de julio, «posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio».
«Debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa», agregó el ente de control.
Por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, la Procuraduría ya había iniciado investigaciones disciplinarias el pasado 9 de julio contra Saade y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.
En el caso de Saade, la entidad investiga si se extralimitó en sus funciones al dar instrucciones a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para expedir pasaportes.
Esta controversia fue precisamente la que llevó a Sarabia a renunciar a comienzos de julio a su cargo al frente de la Cancillería, que había asumido en enero.
Bajo la dirección de Villavicencio, el Gobierno anunció este martes la firma del acuerdo con Portugal para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en conjunto con la Imprenta Nacional, y en sustitución de la compañía Thomas Greg & Sons, encargada del proceso durante los últimos 17 años.
«Por fin se acabó el monopolio», celebró la víspera el presidente colombiano, Gustavo Petro, en referencia a la multinacional de origen británico.
Orígenes de la controversia
La polémica con los pasaportes comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Para remplazar a esa firma, el Gobierno de Petro firmó un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional, a pesar de las advertencias de Sarabia de que esta última carece de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los documentos.
Por eso, antes de dejar el cargo, la excanciller prorrogó por un año el contrato con Thomas Greg & Sons a partir del próximo 1 de septiembre, una decisión que fue luego revertida por Saade, quien además ordenó al equipo de la Cancillería «demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el ‘stock’ de pasaportes que queda».
Como parte de las pruebas ordenadas en esta etapa de la investigación, la Procuraduría busca determinar si la Imprenta Nacional realmente cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.
EFE
