El Parlamento Europeo aprobó una resolución que “condena enérgicamente todas las acciones represivas” del gobierno de Nicaragua y pide ampliar la lista de personas y organismos a ser sancionados, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta.
Por AP
La resolución, aprobada este jueves en Bruselas por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, demandó también la “libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, incluidos seis aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos en las últimas semanas a sólo cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre.
El texto solicitó “al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”.
Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados a Ortega y Murillo, incluidos ella y tres de sus hijos, han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.
Sobre la situación de los seis aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió “que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero” y que garantice “el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos”.
Los familiares de la mayoría de los 26 detenidos desde mayo dicen no saber dónde están recluidos ni cómo se encuentran, ya que el gobierno ha rechazado el ingreso de sus abogados y denegado los recursos de exhibición personal. Según la oposición, hay más de 120 opositores detenidos desde 2018.
Tras recordar que “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, los eurodiputados pidieron también activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que enciende las alertas sobre la participación futura del país en dicho tratado.
Levantar acciones
La Eurocámara también instó a garantizar que la ayuda de los programas de desarrollo de la UE “llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria”.
Llamó además al gobierno de Ortega a “levantar el estado de sitio de facto, respetar el rol de la Policía Nacional como fuerza apolítica, apartidista y no deliberativa, (y) desarmar a las fuerzas paramilitares”, mientras condenó “la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas” y pidió “su derogación inmediata”.
Los diputados europeos solicitaron el restablecimiento del diálogo como única salida pacífica a la crisis y la aplicación de cambios inmediatos a la ley electoral para garantizar comicios libres, creíbles y equitativos.
Luego de exhortar al gobierno de Managua a permitir “el acceso sin trabas” de los principales organismos de derechos humanos internacionales, solicitaron a la Conferencia de Presidentes de la UE enviar “una misión de investigación” a Nicaragua, para evaluar la situación política y de derechos humanos.
También pidieron a Ortega crear una “unidad de investigación independiente, con expertos internacionales”, para investigar a altos funcionarios policiales por graves violaciones de derechos humanos.
Finalmente, la Eurocámara reiteró su pedido de extradición del italiano Alessio Casimirri, quien reside en Managua “bajo la protección del gobierno de Nicaragua” y que fue condenado a seis cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro en 1978.
