La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló las personalidades jurídicas a otras nueve ONG nicaragüenses, con lo que suman 61 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del dictador Daniel Ortega.
Las nueve ONG ilegalizadas este martes son:
- Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur),
- Fundación de Turismo (Futurismo),
- Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup),
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep),
- Club Campestre Las Colinas,
- Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua,
- Asociación de Economistas de Nicaragua,
- Fundación Veritas Humanas, y
- Fundación Hispanoamericana.
Cantur, al igual que la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que fueron ilegalizadas el lunes, son dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, que ha guardado silencio sobre esas medidas.
Con la ilegalización de esas otras nueve ONG, se elevó a 61 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las nueve ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 84 diputados, ninguno contra, tres se abstuvieron, y otros cuatro estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
Bienes a manos del Estado
Además, el Ministerio de Gobernación argumentó que las Juntas Directivas de esas entidades se encuentran acéfalas; no han reportado sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados; y tampoco han presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos.
Según el informe oficial, esas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los bienes y acciones que pertenezcan a las nueve ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos. “Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según el texto.
Con información de EFE
