La oposición parlamentaria de Ecuador ratificó este martes sus denuncias de supuesta corrupción contra el presiente del país, el conservador Guillermo Lasso, y reiteró su moción de censura al mandatario en el inicio de un juicio político por supuesto peculado en empresas públicas.
En una sesión del pleno de la Asamblea Nacional, a la que compareció también el propio Lasso para alegar su defensa, aunque luego de su discurso abandonó el hemiciclo legislativo, los asambleístas opositores Esteban Torres y Viviana Veloz encabezaron la interpelación al mandatario.
Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente progresista Rafael Correa (2007-17), fue dura al presentar las pruebas contra Lasso a quien incluso tildó de «mentiroso».
La legisladora recordó que el caso contra Lasso se refiere a las supuestas irregularidades encontradas en un contrato para transporte de crudo entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía privada Amazonas Tanker.
Según Veloz, se trata de un perjuicio al Estado de 6 millones de dólares e incluso presentó un video en el que un exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, reveló que en su momento había advertido al presidente Lasso de las irregularidades.
«Querían pruebas, ¡ahí están las pruebas!», enfatizó la asambleísta tras remarcar que para ella el presidente Lasso «es responsable políticamente», pero también debería responder por las eventuales «responsabilidades penales» que podrían surgir tras el juicio político.
Veloz recordó que uno de los principales implicados en el caso Flopec, Hernán Luque, cercano a Lasso, se ha fugado del país, y que también otro de los vinculados en la trama de supuesta corrupción que salpican a Lasso, Rubén Cherres, fue encontrado a finales de marzo asesinado con signos de tortura.
Por ello, la legisladora criticó que Lasso, en su comparecencia, haya esgrimido que no había pruebas ni testigos que avalen las denuncias, aunque la legisladora comentó que dispone de muchos argumentos que sustentan sus denuncias.
De su lado, Esteban Torres, el otro legislador interpelante, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), coincidió en que las pruebas apuntan al presidente Lasso y que el juicio político, amparado en la Constitución y en las normas legales internas, avalan la posibilidad de que el mandatario sea censurado.
Si Lasso es destituido le sucederá, según norma constitucional, el vicepresidente del país, Alfredo Borrero, recordó Torres tras reprochar la versión del oficialismo en el sentido de que el juicio político olía a un «golpe de Estado».
El asambleísta del PSC se refirió también al anuncio hecho hace algunos días por el presidente Lasso de que invocaría a la denominada «muerte cruzada» para evitar su destitución, lo que supone la disolución de la Asamblea Nacional, la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales y, hasta tanto, la posibilidad de que el mandatario ejerza a través de decretos ejecutivos.
Torres observó que Lasso en su comparecencia no haya vuelto a repetir ese argumento, a la que calificó como una «amenaza» que no tiene sustento legal.
Además, recordó que el juicio político no sólo se sustenta en torno a la denuncia de supuesta corrupción en las empresas públicas, sino que también se refiere a la situación de deterioro social, político y económico que afecta al país desde que Lasso asumió el poder en mayo de 2021.
El actual es un «Gobierno ineficiente y lento que ha abandonado los destinos de la patria» y a la población, agregó Torres.
Tras las intervenciones de Veloz y Torres, que sucedieron a la comparecencia del presidente Lasso, empezó una retahíla de pronunciamientos de los legisladores que forman parte del pleno legislativo.
La Asamblea Nacional de Ecuador está compuesta por 137 parlamentarios y, para la censura y destitución del presidente, según al norma Constitucional, se requiere de 92 votos (dos tercios de la Cámara), que la oposición asegura haber alcanzado, aunque el oficialismo confía en superar el «impeachment» a Lasso. EFE
