La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (Cnddhh) denunció este miércoles en un comunicado que la respuesta de las fuerzas policiales frente a las protestas que se vienen dando en los últimos días en el país «queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional».
«Aunque en algunas protestas se vienen registrando acciones violentas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte vienen avalando una respuesta de las fuerzas policiales que queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional», afirmó la organización.
En diversos puntos del país se han producido protestas, disturbios, asaltos y manifestaciones en las que por el momento han fallecido ocho personas, de las cuales dos eran menores de edad, más de un centenar de policías han resultado heridos y hay más de 70 detenidos.
Los manifestantes piden el adelanto de las elecciones, el cierre del Congreso o la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido desde hace siete días, entre otros reclamos.
La organización informó que durante las marchas ha identificado «el uso de munición prohibida para el control de multitudes, incluyendo perdigones de calibre 00, o canicas de metal, canicas de vidrio, perdigones de metal y balas».
También registró el disparo de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes, lo que afirmó que vulnera el procedimiento reglamentario, que es disparar parabólicamente y nunca al cuerpo.
«Resultado de este proceder, un joven se encuentra en cuidados intensivos en la ciudad de Lima, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave», indicó.
En los disturbios, denunció disparos «indiscriminados a los manifestantes, desde el aire, e incluso con armas letales».
Señaló que durante el cortejo fúnebre de los jóvenes fallecidos este domingo en la localidad de Andahuaylas, en el departamento sureño de Apurímac, existió una represión contra los participantes, pese al carácter pacífico del evento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha identificado «comunicaciones y estigmatización de los manifestantes calificándolos como terroristas, agudizando así la polarización».
Exhortó a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, al director general de la Policía y a los jefes de las regiones policiales, «cumplir cabalmente con su rol de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos que protestan, tomando las previsiones necesarias para evitar que las fuerzas del orden descritos se reiteren y sancionando a los responsables».
También pidió a la Fiscalía de la Nación «disponer la asignación de fiscales de turno en las dependencias policiales de los lugares con mayor convulsión para cautelar los derechos de las personas detenidas».
Por último, afirmó que la declaratoria de estado de emergencia con suspensión a nivel nacional, anunciada este miércoles, viola el principio de proporcionalidad.
Explicó que «estas medidas agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos que ya se han venido registrando, más aún cuando en los espacios del territorio nacional donde ya se venía aplicando la medida la Policía ha aplicado de manera extensiva la suspensión de derechos a personas no involucradas a las manifestaciones violentas». EFE
