La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró hoy su preocupación por la extensión, una y otra vez, del estado de emergencia en El Salvador, y sus consecuencias en el disfrute de las libertades y derechos de la población, cuando se acaban de cumplir cuatro años del Gobierno de Nayib Bukele.
En una nueva declaración en Ginebra sobre la situación en ese país, el organismo insistió en que a pesar de los graves problemas de criminalidad, «debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta».
«Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han tomado. También les pedimos que investiguen de inmediato todas las muertes en custodia de acuerdo con los estándares internacionales, que los responsables sean sancionados y que se garantice justicia a las víctimas», dijo la portavoz Marta Hurtado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se hizo eco de la información de la ONG Cristosal, que ha denunciado que al menos 153 presos murieron desde que se implementó el estado de emergencia en marzo de 2022.
Se estima que 168.000 personas han sido encarceladas desde entonces en relación con el estado de excepción y que entre éstas había 1.600 menores de edad.
Bukele ha lanzado una «guerra contra las pandillas» -según lo ha denominado- en la recta final de su primer mandato y en su camino a buscar la reelección en los comicios previstos para 2024. EFE
