El número de ejecuciones en el mundo alcanzó en 2022 su máximo desde 2017 al situarse en 883, con Irán y Arabia Saudí a la cabeza, indica un informe difundido este martes por Amnistía Internacional (AI), que advierte de que el total es en realidad más alto al no tener datos de China.
AI dice que estas ejecuciones, que suponen un 53 % más que en 2021, se llevaron a cabo en una veintena de países, en su mayoría en Oriente Medio y el norte de África, donde se dispararon de 520 en 2021 a 825 en 2022.
La organización de defensa de los derechos humanos, cuya investigación recoge solo ejecuciones judiciales, avisa de que no ha podido incluir datos exactos de China -a la que sitúa en primera posición, con miles de ellas-, Vietnam ni Corea del Norte, por el secretismo en esos territorios.
Pese al incremento de las ejecuciones el año pasado hasta su cifra más alta desde 2017 (cuando hubo 993), Amnistía destaca que las sentencias de muerte impuestas a nivel global experimentaron una ligera disminución, al bajar de 2052 en 56 países en 2021 a 2016 en 52 países en 2022.
Los principales verdugos
El 90 % de las ejecuciones conocidas fuera de China -por decapitación, horca, inyección letal o disparo- ocurrieron en tres Estados: Irán, que pasó de 314 en 2021 a 576 en 2022; Arabia Saudí, que saltó de 65 a 196 (su récord registrado por AI en 30 años, con 81 en un solo día); y Egipto, que bajó de 83 a 24.
«Los países (más prolíficos) de la región de Oriente Medio y el norte de África violaron el derecho internacional al incrementar las ejecuciones, lo que revela su desprecio por la vida humana», ha declarado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Les siguen en la tabla Estados Unidos -el único de América-, que pasó de 11 en 2021 a 18 en 2022; Irak (que bajó de 17 a 11); Singapur (11); Kuwait (7); Somalia (con al menos 6); Sudán del Sur (5); el Estado de Palestina (5); y Yemen (4).
Bangladesh y Birmania registraron 4 y Bielorrusia y Japón 1, y se desconocen las estadísticas también en Afganistán y Siria, indica AI.
Las ejecuciones se reanudaron el año pasado en cinco países: Afganistán, Kuwait, Birmania, el Estado de Palestina y Singapur, señala el informe.
Amnistía denuncia que un 37 % de las ejecuciones constatadas fueron por delitos relacionados con las drogas, con 255 en Irán; 57 en Arabia Saudí y 11 en Singapur, lo que, según la organización, puede violar el derecho internacional.
«Es importante destacar que a menudo son las personas de entornos desfavorecidos las que se ven afectadas de manera desproporcionada por este cruel castigo», señala Callamard, que pide a la ONU y a los Gobiernos que «aumenten la presión sobre los responsables de estas flagrantes violaciones».
Con información de EFE
