La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este lunes las propuestas del Gobierno Trump para reducir la duración de las visas y permisos de trabajo de periodistas extranjeros en Estados Unidos a considerar que pueden limitar el acceso a la información y de acallar la crítica internacional.
La organización, con sede en Miami, dijo que esta iniciativa puede constituir un retroceso para la libertad de prensa, al crear un mecanismo de control que podría ser utilizado como instrumento para presionar o silenciar a comunicadores críticos del gobierno.
El Gobierno del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), presentó el 28 de agosto una propuesta que limitaría la estadía de los periodistas extranjeros en el país a 240 días, con posibilidad de prórroga por un período similar, siempre bajo un escrutinio riguroso.
La medida anularía los actuales permisos que permiten extender la residencia de forma indefinida.
Según el DHS, la iniciativa pretende atender supuestos «riesgos de seguridad» y frenar lo que califica como «abuso de visados», con efectos también sobre estudiantes y visitantes de intercambio.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió que «la medida sugerida introduce una incertidumbre permanente sobre la permanencia de los corresponsales extranjeros, lo que puede incentivar la autocensura y desalentar coberturas críticas hacia el gobierno estadounidense».
Dutriz añadió que «adoptar prácticas restrictivas de visado, similares a las que Estados Unidos ha criticado en regímenes autoritarios, debilita su autoridad moral en el escenario internacional».
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que existe el riesgo de que otros países adopten medidas de represalia contra periodistas estadounidenses, restringiendo así el flujo global de información.
«Esta iniciativa representa otra forma de limitar el acceso a la información y de acallar la crítica internacional, en un intento de condicionar el discurso público», indicó.
Ramos enfatizó que «la propuesta no resuelve ningún problema real de seguridad, pero sí abre la puerta a la censura encubierta, a las represalias políticas y a nuevos obstáculos para la transparencia y el acceso a información de interés público».
La SIP se unió al Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, en inglés) y a otras 36 organizaciones de medios en un llamado al DHS para que retire la propuesta.
La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) calificó la propuesta como «discriminatoria» y sostuvo que «pretende resolver un problema inexistente», en alusión a la supuesta amenaza a la seguridad nacional derivada de la permanencia de periodistas extranjeros en Estados Unidos.
En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazó la iniciativa al considerar que tendría un efecto amedrentador sobre la prensa y urgió al DHS a desistir de ella.
«La renovación arbitraria o la negación de visas es una táctica comúnmente utilizada por regímenes autoritarios para expulsar a reporteros incómodos», subrayó RSF.
El DHS informó que existe la posibilidad de enviar comentarios en línea sobre los cambios antes de la fecha límite del 26 de octubre.
La SIP, conformada por más de 1.300 medios, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
EFE
