La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, adoptó este jueves una resolución que insta a Irán a «cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales», exigidas en pasados dictámenes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre su controvertido programa nuclear.
Tras los bombardeos de Israel y EEUU de las principales instalaciones nucleares iraníes en junio pasado, los expertos del OIEA siguen sin acceder a esos lugares ni tienen información sobre unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, un material que podría ser usado para fabricar bombas nucleares.
Por eso, señala el texto aprobado por una mayoría de los 35 países miembros de la Junta, Irán debe «extender una cooperación completa y rápida al OIEA, incluida la entrega de toda la información y el acceso que el Organismo solicite».
La resolución, presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, recibió 19 votos a favor, tres en contra (China, Rusia y Níger) y 12 abstenciones.
El objetivo de las potencias occidentales es forzar una mayor cooperación de Irán con los inspectores.
En ese sentido, el texto exige un informe trimestral del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sobre la situación en Irán.
Estos informes -precisa la resolución- deben incluir «información sobre la verificación de las existencias de uranio de Irán, los lugares, las cantidades, las formas químicas y los niveles de enriquecimiento, así como los inventarios de centrifugadoras y equipos relacionados».
En nombre de los cuatro países que presentaron el texto, la embajadora del Reino Unido, Corinne Kitsell, dijo ante la Junta que «el mensaje es claro: Irán debe resolver sus cuestiones de salvaguardias sin demora».
«Debe proporcionar una cooperación práctica mediante acceso, respuestas y la restauración de la supervisión, para permitir que el Organismo haga su trabajo y ayude a reconstruir la confianza», agregó.
Por su parte, una declaración conjunta de China, Rusia, Irán, Nicaragua, Venezuela y Zimbabue, calificó la resolución como «contraproducente» y una «provocación».
«Estamos firmemente convencidos de que cualquier acción provocadora —como otra resolución más— pondría en peligro y podría incluso anular los considerables esfuerzos realizados por el director general e Irán para avanzar en el diálogo y la cooperación», agregaron los seis países antes del voto.
El propio Grossi había insistido ayer, al inicio de la reunión de invierno de la Junta, que sus inspectores necesitan acceder a las instalaciones atómicas atacadas en junio.
«Si un país, que tiene un régimen de inspecciones (con el OIEA), nos informa de que algo ha sido destruido, debemos verlo», dijo el director general ante la prensa.
Sus expertos siguen sin recibir permiso de las autoridades de Irán para verificar los materiales nucleares en siete instalaciones atacadas y parcialmente destruidas.
Algunos de estos sitios, como las plantas de enriquecimiento de uranio en Natanz y Fordó o el centro de investigación nuclear de Isfahán, fueron atacadas por Israel y EEUU, pero no completamente destruidas, recordó Grossi.
«Si allí queda material (nuclear), entonces necesitamos tener acceso a ello», destacó, al tiempo que negó que el OIEA necesite un «nuevo protocolo de actuación» para el caso de instalaciones nucleares atacadas militarmente.
En el centro del debate está no sólo el estado de las instalaciones atacadas, algunas decenas de metros bajo tierra, sino el paradero del uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al necesario para construir bombas nucleares.
El Gobierno iraní rechaza querer hacerse con armas atómicas, mientras que Israel, Estados Unidos y también otras potencias occidentales sospechan lo contrario.
EFE
