La dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua canceló este viernes la personalidad jurídica a la ONG estadounidense El Puente, y ordenó decomisar sus bienes.
A través de una resolución administrativa, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua acordó disolver el organismo «Pontis, lnc (El Puente)», originario de Estados Unidos, inscrito desde el 31 de julio de 2017, debido a que «incumplió con sus obligaciones establecidas» en las leyes nicaragüenses.
Según esa cartera, la ONG estadounidense «no reportó por más de seis años su junta directiva del país de origen» y no actualizó el poder de su representante legal en Nicaragua ni sus estados financieros en los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, con lo que obstaculizó su control y vigilancia.
«El ente regulador desconoce quienes son sus directivos a cargo de la administración» de esa ONG, sostuvo.
Asimismo, al no reportar sus estados financieros se desconoce si los fondos que recibían eran acorde a sus fines y objetivos, «no promoviendo políticas de transparencia en la administración del organismo, desconociéndose la ejecución de sus proyectos», agregó.
Por tanto, Gobernación resolvió cancelar el registro y número perpetuo asignado a El Puente, y decomisar sus bienes.
«Corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos (bienes muebles e inmuebles) a nombre del Estado de Nicaragua», puntualizó.
También aprobaron la cancelación de la personalidad jurídica por «disolución voluntaria» de la ONG «Gocare, lnc», también originaria de Estados Unidos, que operaba en el país centroamericano desde septiembre de 2011.
Según Gobernación, la junta directiva de esa ONG acordó de forma unánime la disolución voluntaria de su sede en Nicaragua «por haber concluido su cartera de proyectos a ejecutar» en el país «y por falta de financiamiento para continuar desarrollando programas sociales».
En los casos de disolución voluntaria, los bienes no pasan a manos del Estado, a menos que tengan obligaciones pendientes.
El régimen ha cerrado al menos 3.400 organizaciones, la mayoría de forma unilateral, tras las protestas populares contra Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018.
Con información de EFE
