El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusó este miércoles al empresario venezolano, Rafael Rixon Rafael Moreno, de estar vinculado con el caso de corrupción y lavado de dinero de en la empresa Petropiar, dedicada a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la faja petrolífera del Orinoco, con el que se lucró más de $30 millones en pagos de contratos
En un comunicado informaron que «un gran jurado federal en Miami emitió una acusación por lavado de dinero, producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar,» una empresa controlada por el régimen de Maduro una petrolera estadounidense.
Desde el 2015 hasta el 2019, Moreno presuntamente «participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar, mediante el pago de sobornos a altos funcionarios» de la compañía.
«Moreno supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar. Además, envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que controlaba en el sur de la Florida,» reseña el departamento.
Moreno recibió aproximadamente $2,7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, cuyo precio supuestamente había sido inflados a 100 veces el costo real.
Moreno es acusado de conspiración para delinquir, lavado de dinero; encubrimiento de lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.
Si es declarado culpable enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
