En el año 2024, el Departamento de Justicia acusó a cinco hombres de dirigir una red de fraude durante la pandemia, facturando falsamente a Medicare y a otro programa federal un total de 65 millones de dólares por pruebas genéticas y de COVID-19 que, según los fiscales, no eran médicamente necesarias.
Los fiscales también los acusaron de pagar sobornos a médicos y reclutadores que enviaron cientos de miles de pruebas de pacientes a un laboratorio en Texas, Innovative Genomics, que recaudó 44 millones de dólares del sistema Medicare, financiado por los contribuyentes, y de un programa de seguros para COVID-19.
Antes del juicio en un tribunal federal de Miami, tres de los hombres se declararon culpables de conspirar para cometer fraude en el sistema de salud y cooperaron como testigos del gobierno contra los dos acusados restantes. Sin embargo, después de un juicio de un mes, un jurado de 12 personas absolvió el jueves al empresario venezolano Diego Sánchez Sañudo, de 48 años, y a Gregory Charles “Milo” Caskey, de 58, del cargo de conspiración y de otros seis delitos relacionados, informó La Patilla.
Ambos tenían participación en la propiedad del laboratorio de Texas, junto con el principal testigo del gobierno, Enrique Pérez-Paris, de 48 años, quien había reclutado a su amigo de la infancia, Diego Sánchez, para el negocio. Pérez-Paris se declaró culpable y se convirtió en cooperante del gobierno junto con Nadir Pérez, de 27 años, y Omar Palacios, de 35, quienes operaban carpas emergentes en Miami para pruebas de COVID-19 después de que el virus surgiera en marzo de 2020.
Las absoluciones del jurado fueron inusuales porque el Departamento de Justicia rara vez pierde casos de este tipo en el sur de Florida—reconocido como la capital del fraude en el sistema de salud de la nación—especialmente cuando hay acusados que se declaran culpables y testifican contra sus supuestos cómplices en el juicio.
Sin embargo, el desenlace del caso en Miami pudo haber sido anticipado cuando, a más de la mitad del juicio, el juez de distrito de EE. UU. Rodolfo Ruiz desestimó dos cargos de conspiración contra Sánchez y Caskey relacionados con el pago de sobornos y el lavado de dinero proveniente del supuesto fraude en el sistema de salud por falta de evidencias por parte del gobierno.
Los abogados defensores de Sánchez, Lauren Krasnoff y David Oscar Markus, argumentaron que su cliente veía que todas las pruebas genéticas y de COVID-19 eran médicamente necesarias, ya que confiaba en el continuo consejo de abogados, científicos, médicos y otros expertos, consejos que como se pudo probar en el juicio, resultaron ser apropiados.
“Estamos muy felices por Diego, quien tuvo el valor de luchar en este caso incluso después de que su amigo de la infancia se volviera en su contra y mintiera para intentar reducir su sentencia”, dijeron Krasnoff y Markus en un comunicado el viernes. “Estamos agradecidos con el juez y el jurado por darnos una oportunidad justa y la oportunidad de probar la inocencia de Diego.”
Los abogados defensores de Caskey, Andrew Feldman y Kyra Harkins, argumentaron que los fiscales del Departamento de Justicia no lograron determinar que las pruebas genéticas y de COVID-19 fueran médicamente innecesarias ni que las facturas del laboratorio de Texas fueran fraudulentas.
“El Sr. Caskey y su familia están eufóricos con el resultado de este juicio y porque podrá regresar a su hogar en San Antonio”, dijo Feldman el viernes.
El caso del Departamento de Justicia, investigado por el FBI y la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos, se inició a partir de la información privilegiada de otro operador del sistema de salud, Nikita Hermesman, quien era copropietario del laboratorio de Texas, Innovation Genomics y que a su vez trabajó con Pérez Paris en el pasado.
Sin embargo, Hermesman, a cambio de ser testigo colaborador, no fue acusado junto con los cinco imputados en el caso de Miami. Hermesman se declaró culpable el año pasado de una conspiración separada por pagar sobornos a médicos que enviaban pruebas genéticas a otros laboratorios de Texas bajo su propiedad. Fue sentenciado a 10 años de prisión.
