Un tribunal de Bolivia emitió una orden de liberación a favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez, decisión que se conoció este viernes en el caso por la muerte de una decena de civiles en la ciudad de Sacaba durante la crisis política de 2019.
Aunque esta orden no se hará efectiva por ahora, ya que la exmandataria cumple una condena de 10 años de prisión por otro proceso.
La orden emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Sacaba, ciudad vecina de Cochabamba (centro), está dirigida al director del Recinto Penitenciario de Miraflores, en La Paz, y donde Áñez (2019-2020) permanece detenida desde 2021.
El documento menciona que los cargos contra la exjefa de Estado de transición son por supuesto «genocidio y genocidio en grado de tentativa», pero aclara que la decisión debe ejecutarse «siempre que (Áñez) no estuviese detenida por otra causa».
Sin embargo, Áñez cumple una condena de 10 años de prisión que se dictó a mediados de 2022 y fue ratificada por la Justicia a finales de 2023, por el caso ‘golpe de Estado II’, en el que se la acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019), que denunció un «golpe de Estado» en su contra luego de las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019.
El sábado pasado, el mismo tribunal que ahora ordenó su libertad anuló el proceso penal por el caso ‘Sacaba’ que se realizó por la vía ordinaria, para que la causa pase a un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y envió los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Unos días antes, otro tribunal anuló también el proceso ordinario en contra de Áñez y ordenó que se inicie un juicio de responsabilidades en el caso llamado ‘Senkata’, por la muerte de otra decena de civiles en esa zona de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
El juicio de responsabilidades debe ser conocido por el Legislativo boliviano, ente que primero debe aprobarlo y luego trasladarlo al TSJ para que este juzgue el caso para emitir una sentencia.
Esa corte dispuso también un «mandamiento de libertad» para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión.
Los procesos por los sucesos de 2019 se realizaron a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que hubo un «golpe de Estado» contra Morales y, en el caso de Áñez, se canalizaron por la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no surgió del voto popular.
La exmandataria siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
El TSJ ordenó a finales de agosto la revisión del cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales investigados por la crisis de 2019.
Hace una semana, Camacho, el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, y el exlíder ciudadanos Pumari fueron excarcelados después de que la Justicia les retiró la medida de prisión preventiva en cuatro procesos al primero y en dos al segundo, incluido el llamado caso ‘golpe de Estado I’, por sus roles en la crisis de 2019.
EFE
