Amnistía Internacional publicó su informe anual en el que señala que la situación de los derechos humanos en América Latina sigue amenazada, sobre todo, a dos años de la llegada de la pandemia. Y Venezuela no escapa a esta realidad.
El informe 2021/22 de Amnistía Internacional detalla que las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. Así como también, la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, y el aumento de los ataques contra la independencia judicial.
En este contexto, Venezuela figura -junto a Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú- como uno de los países más letales «para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental: sólo en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios y el año pasado se perpetraron decenas».
El informe señala también que «la recuperación económica irregular del continente el año pasado tuvo poco impacto en las consecuencias de décadas de desigualdad estructural y resultó insuficiente para revertir la recesión económica de 2020, que provocó tasas de desempleo récord, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza. Esto ha empeorado situaciones de emergencia humanitaria preexistentes en países como Haití y Venezuela, donde millones de personas siguen sin acceso a alimentos y atención sanitaria suficientes».
En cuanto al racismo y la discriminación, Amnistía Internacional destaca que «seguían estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento, los servicios de salud y las prestaciones sociales agravó el impacto de la pandemia sobre todo en los pueblos indígenas. Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela continuaron permitiendo el desarrollo de importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y a veces a pesar de las órdenes judiciales de suspender las operaciones».
Sobre la actuación contra el cambio climático, el informe asevera que «siguió siendo limitada y Venezuela -así como también Cuba y Honduras- no han firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre justicia medioambiental y la protección de quienes defienden el medio ambiente en América Latina y el Caribe que entró en vigencia en abril de 2021.
El tema de la migración es un punto de honor en este informe: «A lo largo del año, decenas de miles de personas —en su mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela— huyeron de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la desigualdad y el cambio climático. No obstante, los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago siguieron prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho internacional al deportar sin estudiar debidamente sus solicitudes, a quienes consiguieron cruzar sus fronteras».
Amnistía Internacional hace referencia a que «en las Américas se produjeron el año pasado algunos avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI: Argentina introdujo tarjetas de identidad en las que se reconocía a quienes se identificaban como personas no binarias y aprobó una ley para promover el empleo de las personas trans. El gobierno del presidente Biden tomó medidas para derogar las políticas discriminatorias de la administración anterior hacia las personas LGBTI en Estados Unidos, pero al mismo tiempo se presentaron cientos de proyectos de ley del ámbito de los estados que recortaban sus derechos».
«En muchas partes de la región se bloquearon leyes que habrían protegido mejor los derechos de las personas LGBTI, mientras en varios países se siguió discriminando y sometiendo a violencia a personas debido a su orientación sexual e identidad de género. En las Américas se denunciaron 316 de los 375 asesinatos de personas trans y de género diverso perpetrados en todo el mundo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021; Brasil registró 125 homicidios, más que ningún otro país del planeta«, recalca.
Desigualdad, represión y refugiados
"El informe de Amnistía Internacional 2021 sobre la situación de los DD.HH. en el mundo detalla como 2 años después del inicio de la pandemia América sigue siendo la región más desigual y más afectada por covid"
Análisis de @ErikaGuevaraR pic.twitter.com/NO3sF4ktDB
— DW Español (@dw_espanol) March 29, 2022
Revise el INFORME COMPLETO AQUÍ
