Human Rights Watch (HRW) alertó que la decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de cubrir por decreto dos vacantes en la Corte Suprema socava la independencia judicial.
El 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes. La decisión se produjo después de que el presidente Milei no consiguiera, durante meses, reunir la mayoría de dos tercios del Senado necesaria para el nombramiento según los procedimientos constitucionales.
“Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Desde que el presidente Milei nominó a Lijo y García-Mansilla en abril de 2024, numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron formalmente su preocupación por el historial de Lijo como juez federal y por las posiciones de García-Mansilla sobre derechos sexuales y reproductivos.
Lijo tiene cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Según un estudio, Lijo se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo retrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción.
“Al evitar el proceso de aprobación regular en el Senado y designar a un candidato con un historial disciplinario preocupante, el gobierno está socavando los pilares fundamentales de la independencia judicial”, dijo Goebertus. “Las instituciones democráticas de Argentina deben mostrar su fortaleza y proteger el Estado de derecho”.
