Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), tienen presente las denuncias elevadas ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el embajador de Nicaragua y Representante Permanente ante esa instancia, Arturo McFields Yescas, dando cuenta de los comportamientos de la dictadura represora imperante en su país. Refiere la situación de 177 presos políticos y más de 350 nicaragüenses que habrían perdido la vida desde 2018 al enfrentar a la pareja gobernante Ortega-Murillo.
El pasado mes de febrero, 26 de los países miembros de dicha Organización, al dar cuenta de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están siendo sometidos, exigieron “la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua”.
Sucesivamente, han sido condenados por la justicia al servicio de dicho régimen y con penas de hasta 13 años de cárcel el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y gerente general del emblemático diario La Prensa, Lorenzo Hollmann Chamorro, al igual que los otros directivos de este medio, Cristiana Chamorro, exaspirante presidencial, y Pedro Joaquín Chamorro, ambos hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
De igual manera lo fueron los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez, José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el excandidato presidencial Juan Chamorro, la exministra Dora María Téllez, la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán, el periodista Miguel Mora, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los exvicecancilleres José Bernard Pallais y Víctor Hugo Tinoco, el exembajador y excandidato presidencial Arturo Cruz, el politólogo y excandidato presidencial Félix Maradiaga, las dirigentes sociales Violeta Granera y Tamara Dávila, entre otros e incluidos dirigentes agrícolas. A la vez que muere en prisión, en espera de juicio por traición a la patria y en circunstancias no explicadas, el exguerrillero sandinista Hugo Torres, Comandante Uno.
Es evidente que las violaciones de derechos humanos que ocurren bajo la señalada y primitiva dictadura nicaragüense han adquirido un carácter sistemático y generalizado, y al tratarse de persecuciones de grupos y sectores por motivos políticos configuran verdaderos crímenes de lesa humanidad. Ello es así, con independencia de que el Estado de Nicaragua aún no sea Estado parte del Estatuto de Roma. La responsabilidad penal individual por dichos crímenes es imprescriptible, tal y como lo prevé la Convención respectiva a la que adhirió Nicaragua en 1986 mediante decreto suscrito por el mismo Daniel Ortega. De modo que, puede ser exigida, conforme al principio de la jurisdicción universal que reconoce el corpus del Derecho internacional.
