El exabogado del expresidente Donald Trump y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue considerado este miércoles por una jueza federal responsable de haber difamado a dos trabajadoras electorales en el estado de Georgia.
Giuliani deberá ir a juicio en Washington para que se determine qué cantidad le debe pagar a Ruby Freeman y Wandrea Shaye Moss, pero la magistrada Beryl Howell determinó ya que debe desembolsar unos 132.000 dólares por las facturas legales de esas dos trabajadoras para cubrir lo que habían gastado en abogados litigando disputas de recopilación de pruebas en el caso.
El exabogado de Trump acusó a ambas mujeres, que son madre e hija, de haber cometido fraude electoral en Georgia en las presidenciales de 2020. El demócrata Joe Biden se impuso allí por un estrecho margen de dos décimas (49,5 %), el más ajustado de todo el país.
Giuliani llegó a decir que las dos se intercambiaron puertos USB como si fueran «viales de heroína o cocaína», cuando en verdad, según el informe parlamentario del comité que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, se pasaron caramelos de jengibre.
El exalcalde de Nueva York no ha rebatido en otras intervenciones que hiciera declaraciones falsas sobre ambas, pero alega que su opinión no tenía un carácter difamatorio y que estaba protegida por la Constitución.
Giuliani es una de las 18 personas imputadas junto a Trump en Georgia por haber intentado revertir los resultados de las presidenciales en ese estado.
Como Trump, ha recibido 13 cargos. Se le atribuye un papel clave en los esfuerzos postelectorales de Trump para declararse ganador, con declaraciones infundadas sobre la existencia de fraude y llamadas a legisladores para que violaran sus juramentos y nombraran ilegalmente electores presidenciales favorables al republicano.
Los 19 están citados el próximo 6 de septiembre para la lectura de cargos y para declararse culpables o no culpables.
Uno de los acusados, Stephen Lee, un pastor luterano afincado en Chicago, está acusado de intentar influir sobre Freeman múltiples veces, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, para que confesara delitos electorales que no había cometido.
«Soy pastor y también estoy trabajando junto a algunos tipos para intentar destapar la verdad de lo que está sucediendo», le dijo a un agente cuando la mujer, harta de esas intimidaciones en su propia casa, llamó a la policía para denunciarlo.
EFE
