Un fiscal anticorrupción peruano lideró el allanamiento e incautación de dos inmuebles vinculados a Mark Vito, el esposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
EFE
Estas acciones ocurrieron este viernes debido al proceso penal que ambos afrontan por la presunta financiación irregular de las anteriores campañas electorales.
A través de una resolución, el Poder Judicial ordenó la incautación con fines de decomiso de dos bienes inmuebles de propiedad del estadounidense Vito, ubicados en el distrito de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, que según el relato de la Fiscalía habrían sido adquiridos con dinero de procedencia ilícita.
El documento, que aprueba la medida cautelar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, fue expedido por el juez Víctor Zúñiga, quien está a cargo de evaluar la acusación fiscal contra Fujimori, su esposo y otros implicados en los presuntos aportes ilícitos que habría recibido el partido derechista Fuerza Popular de la compañía brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
En el fallo, el juez establece que los predios de Vito sean entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su administración respectiva y dispone que se proceda con el desalojo en el supuesto de que los ocupantes se nieguen a abandonar los inmuebles.
Con el apoyo de la Policía Nacional, el fiscal Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, es quien dirige el allanamiento e incautación de estas dos propiedades, que fue aprobado por un pazo de hasta 48 horas y tiene una vigencia máxima de dos semanas.
El caso Cócteles
Tras más de cuatro años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal Pérez concluyó y presentó en marzo de este año ante la Justicia el informe de su investigación a Fujimori por el caso conocido como «cócteles», que también incluye a su marido y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido Fuerza Popular.
Pérez solicitó más de 30 años de cárcel para la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y más de 22 años de prisión para su esposo, Mark Vito.
La acusación fiscal, que incluye más de 15.000 páginas, se formuló por los presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la investigación, la candidata presidencial habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.
Campaña electoral de Keiko
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020.
En abril del año pasado, sin embargo, fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer covid-19 que implicaba su estancia en prisión.
El caso está ahora en manos del Poder Judicial y será el juez Zúñiga quien realice el control de la acusación y decida si finalmente se abre el juicio oral que Fujimori esquivaría de alcanzar la Presidencia del Perú y obtener la inmunidad judicial en calidad de Jefa del Estado.
A finales de junio, en pleno contexto electoral de la segunda vuelta presidencial, que según el recuento oficial de votos ganó el izquierdista Pedro Castillo, el magistrado Zúñiga desestimó una solicitud de Pérez, quien había pedido el regreso a prisión provisional de la candidata por haber incumplido condiciones de su libertad al reunirse con testigos de su caso.
