Las dos organizaciones más conocidas del exilio venezolano en EE.UU. hicieron un llamado urgente a un juez federal para que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250.000 inmigrantes de Venezuela, que perderán el amparo la próxima semana.
En una carta pública, las organizaciones VEPPEX y AMAVEX instaron al juez del Distrito Norte de California Edward M. Chen a que falle a favor de un grupo de venezolanos que demandó al Gobierno del presidente Donald Trump por supuestamente cancelar el TPS de los venezolanos de forma ilegal.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000.
La Casa Blanca anunció el miércoles el fin del amparo otorgado en 2021, que beneficiaba a unos 257.000 venezolanos, que perderán sus permisos de trabajo el 10 de septiembre, bajo el argumento de que el TPS otorgado a Venezuela va «en contra de los intereses» de EE.UU.
«Esta medida amenaza con deportar a miles de familias que huyeron de un país donde la represión sistemática contra disidentes, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura son prácticas de Estado», escribieron los exiliados en la misiva.
Los grupos advirtieron de que los beneficiarios del TPS, residentes principalmente en Florida y Texas, «han demostrado ser esenciales para la economía de EE.UU.», con un 74 % de participación laboral y contribuciones vitales en sectores como la salud y la construcción.
En concreto, los exiliados han solicitado al magistrado que dicte una orden preliminar antes del 10 de septiembre que permita extender el amparo hasta la conclusión del litigio.
Además, VEPPEX y AMAVEX han instado al Congreso de los EE.UU. a aprobar el proyecto de ley TPS ACT 2025, presentado por la representante republicana María Elvira Salazar, que le permitiría conservar el estatus de protección a los 600.000 venezolanos.
Se espera que el juez Chen entregue una resolución sobre el caso en los próximos días, después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo su fallo inicial a favor de los 600.000 venezolanos, al determinar que la decisión del Gobierno Trump fue ilegal.
El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
No obstante, la batalla legal está lejos de terminar, la Casa Blanca ya llevó el caso a la Corte Suprema, que permitió poner fin a la extensión del TPS otorgado por Biden en 2023 hasta que no concluya el litigio, lo que dejó a alrededor de 350.000 venezolanos al borde de la deportación.
EFE
