Nicaragua cerró una atípica campaña electoral, castrada por el arresto de siete posibles candidatos presidenciales de la oposición, con llamados a votar, por un lado, y a no salir a las calles y quedarse en casa, por otro, con la ausencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea (UE), y la prohibición de ingresar a misiones periodísticas al país.
Por EFE
Hasta este viernes, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -Daniel Ortega- movilizó a sus bases, principalmente empleados públicos, en una jornada de visita casa a casa en la que pidieron a los nicaragüenses aptos para votar acudir el domingo a los centros de votación.
Mientras se mantiene a la oposición excluida de participar en las elecciones, los nicaragüenses en el exilio y la Asociación Madres de Abril que aglutina a familiares de las víctimas del estallido social de 2018, lanzaron sendas campañas desaconsejando votar bajo el argumento de que hacerlo sería legitimar a la «dictadura Ortega Murillo».
Los opositores están utilizando las etiquetas #YoNoBotoMiVoto, #YoNoVoto o #NicaraguaNoVota, entre otros, con las que instan a los nicaragüenses a no salir de sus casas, mantener las puertas cerradas y las calles vacías, porque consideran que «no hay por quién votar».
Votar o no
Con Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, los siete opositores detenidos por «traición a la patria», el presidente Daniel Ortega parte como favorito para obtener su quinto mandato y cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los partidos políticos que compiten con el FSLN, así como un sector de los evangélicos aliados del Gobierno, han llamado a acudir a las urnas.
En cambio, la Conferencia Episcopal ha dejado a la conciencia de cada nicaragüense votar o no en las elecciones, no obstante, algunos sacerdotes han llamado al no voto.
«Este 7 de noviembre mi huella dactilar estará limpia, como limpia estará mi conciencia» de no ser parte» de las votaciones, dijo en una homilía el sacerdote Uriel Vallejos, para quien Ortega «tuvo miedo» de celebrar elecciones libres.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo en unas mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida pacífica a la crisis, se sumó al coro de los obispos y sostuvo que el proceso electoral «no cumple con los estándares internacionales sobre elecciones libres, justas y transparentes».
«Se trata de unas votaciones en las que no hay condiciones que garanticen el respeto del voto ciudadano», señaló esa alianza, que mencionó, entre otros, el arresto de candidatos, la eliminación de partidos políticos, y el control que ejerce el FSLN sobre el órgano electoral.
Restricciones a la información
Por otro lado, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) exhortó a las autoridades a garantizar el libre ejercicio durante la cobertura a ese evento.
Para este proceso electoral, las autoridades no le han permitido la entrada a periodistas de varios medios internacionales, como el estadounidense The Washington Post o el rotativo francés Le Monde, y no han acreditado a la prensa nacional y extranjera en Nicaragua para que tengan acceso a los centros de votación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) expresaron su «preocupación por esas negativas.
Unos 4,4 millones de nicaragüenses, de una población total de 6,5 millones, están citados para acudir a las 13.459 juntas receptoras de votos habilitadas en los 3.106 centros de votación para elegir en una sola boleta a un presidente, un vicepresidente, diputados nacionales, diputados departamentales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
