El Departamento de Estado de EE.UU. designó este 23 de julio a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano, con el fin de continuar limitando su acceso a fondos ilícitos, incluidos los obtenidos mediante la explotación de trabajadores médicos y esfuerzos de evasión de sanciones.
Según la hoja informativa de la Oficina del Portavoz, todos los designados fueron sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra personas vinculadas a la represión en Cuba y a otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.
Sector energético
El Departamento de Estado designó al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), brazo de investigación y desarrollo de la ya sancionada Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicado a la exploración petrolera.
También sancionó a Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y a Einarbo S.A., ambas importadoras de gas, gas licuado y lubricantes, esta última proveniente de México e India.
Evasión de sanciones
El comunicado señaló que el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) continúa intentando proteger sus activos y fuentes de ingresos mediante reestructuraciones corporativas e intermediarios. En ese marco, el Departamento designó a Terminal de Contenedores de Mariel S.A., principal terminal de contenedores de Cuba, por transferir el puerto de Mariel a Coral Marítima S.A. en una transacción de mediados de junio destinada a evadir sanciones. También sancionó a Coral Marítima S.A., por estar controlada por el ya designado Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
El Departamento designó además a Ceiba Investments Limited, firma con sede en Guernsey con inversiones en bienes raíces cubanos, cuya subsidiaria panameña asumió la propiedad total de una antigua empresa conjunta de GAESA tras la sanción de esta última, y a Orbit S.A., procesadora de remesas que, según el Departamento, está «casi con certeza» controlada por GAESA.
Misiones médicas en el exterior
El comunicado citó el informe anual del Departamento sobre trata de personas, según el cual el régimen cubano mantiene una política de trabajo forzado en su programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas internacionales. Según el documento, funcionarios cubanos explotan leyes coercitivas y condiciones económicas para obligar a los trabajadores a permanecer en estos programas, mientras confiscan entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, afectando a decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países.
Por su participación en este sistema, el Departamento designó a Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), exportadora estatal que administra las misiones médicas cubanas y principal fuente de divisas del país; al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, responsable de supervisar las entidades que gestionan estas misiones; a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), encargada de reclutar a los profesionales médicos para las asignaciones en el exterior; y a su directora, Gretza Sánchez Padrón.
Implicaciones de las sanciones
El Departamento de Estado precisó que, como resultado de estas designaciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas señaladas que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La medida también bloquea a toda entidad que sea propiedad, individual o conjunta, en un 50% o más de una o más personas ya sancionadas.
El comunicado advirtió que las personas extranjeras que realicen transacciones con los designados, o que operen en los sectores energético, de defensa, minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, se exponen también a sanciones. El Departamento subrayó que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo de conducta, y recordó que existen vías de apelación a través del Portal de Reconsideraciones de OFAC.
