El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su “lista negra” de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la “lista negra”, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De esas tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
EEUU apunta que el régimen de Nicolás Maduro no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Destaca que el Ejecutivo venezolano “continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad”.
Estados Unidos afirma que, pese a estas denuncias, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los “esfuerzos suficientes” para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales”.
Sobre Cuba, el reporte indica que, “pese a la falta de esfuerzos significativos”, la dictadura cubana ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el régimen de Daniel Ortega ha “minimizado” la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
En concreto, EEUU señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.
