Una jueza federal en California ordenó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos suspender los arrestos de indocumentados sin orden judicial en gran parte del estado tras una redada de sus agentes en una zona agrícola, donde decenas de campesinos fueron detenidos, uno de ellos ciudadano estadounidense.
El fallo de la jueza Jennifer Thurston, que veta también la detención de personas sin sospecha razonable de que son indocumentados, se aplica a futuras operaciones de la Patrulla Fronteriza realizadas en el Distrito Este de California, que se extiende desde Bakersfield, una zona el norte de Los Ángeles, hasta la frontera con Oregón.
La magistrada se puso la noche del martes del lado del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, en inglés) que demandó a las autoridades migratorias, tras los operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado 7 y 8 de enero en el condado de Kern, una región eminentemente agrícola.
La UFW y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunciaron en la demanda «discriminación racial» durante el operativo realizado por agentes migratorios que viajaron cerca de 500 kilómetros, lejos de sus jurisdicciones, para hacer los arrestos.
En su opinión de 88 páginas, la jueza Thurston señaló que «las prácticas empleadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante el operativo demostraron un daño inminente e irreparable a las personas afectadas por la redada».
La orden preliminar prohíbe a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener a personas sin sospecha razonable de que son indocumentados y arrestar a personas sin una orden judicial si los agentes no tienen causa probable para creer que huirán.
Además, el tribunal dictaminó que la Patrulla Fronteriza debe documentar todos los hechos y circunstancias relacionados con las detenciones y arrestos sin orden judicial en la zona que abarca la orden.
«El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas», dijo en un comunicado Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California. «La Patrulla Fronteriza debe poner fin a sus prácticas ilegales de detención y arresto ya», agregó.
Las acciones generaron gran confusión en la comunidad ya que las persona detenidas, en su mayoría campesinos, fueron transportadas 480 kilómetros al sur hasta un centro de detención en la frontera de California con México, les negaron el debido proceso y las obligaron a salir voluntariamente.
Como resultado de este operativo al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern permanecen varados en México, separados de sus familias y su comunidad.
«La Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser de piel oscura y de clase trabajadora», indicó Teresa Romero, presidenta de la UFW.
EFE
