Jack Teixeira, el joven que estuvo detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en la última década, fue acusado formalmente este jueves por transmisión de información de defensa nacional y extracción de información clasificada.
El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que Teixeira, que era miembro de la Guardia Nacional, un cuerpo militar en la reserva, está acusado de seis cargos. El pasado abril había sido imputado y este jueves fue formalmente acusado por esos hechos.
Se le reprocha la retención y difusión de información nacional de defensa y la extracción no autorizada y posesión de documentos o materiales clasificados.
Teixeira, detenido el 13 de abril, accedió a los documentos en la base de la Guardia Nacional donde trabajaba, se los llevó a su casa y los colgó en Discord, popular entre aficionados a los videojuegos. Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram, y acabaron en las portadas de grandes diarios de todo el mundo.
El fiscal general, Merrick Garland, apuntó en el comunicado que los compartió con usuarios «que sabía que no tenían derecho a recibirlos. Al hacerlo, se alega que violó la ley estadounidense y puso en peligro la seguridad nacional».
El fiscal en funciones del distrito de Massachusetts, Joshua Levy, recordó que las personas a las que se les da acceso a material clasificado tienen el deber de salvaguardar esa información.
La mayoría de la información filtrada estaba relacionada con la guerra en Ucrania y daba detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva ucraniana. Además, apuntaba a que EE.UU. podría haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.
Teixeira entró en la Guardia Nacional en septiembre de 2019 y tenía la autorización para acceder a información de máximo secreto desde 2021.
El Departamento de Justicia calcula que comenzó a guardarla y compartirla alrededor de enero de 2022. Difundía esa información de dos maneras: en párrafos escritos a través de esa plataforma, o con imágenes de los documentos en las que se podía leer la clasificación de secreto o máximo secreto.
Cada cargo de retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional contempla una sentencia de hasta diez años de cárcel, hasta tres de libertad condicional y una multa de hasta 250.000 dólares.
El Departamento de Justicia precisó que un juez federal determinará la sentencia según distintos factores legales, y añadió que el FBI sigue investigando el caso.
Algunos analistas compararon su potencial impacto al provocado en 2013 por Edward Snowden cuando expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. EFE
